Las empresas, con un ojo puesto en las previsiones

El Gobierno estima que la deuda pública se sitúe en el 95,4% al final de 2019, pero los expertos creen que lo hará alrededor del 97%.

Las medidas incluidas en los Presupuestos Generales del Estado perjudicarán a la economía española más de lo que el Gobierno prevé. Para empezar, el Ejecutivo estima un crecimiento del 2,3% para 2019, pero la Fundación de Cajas de Ahorro (Funcas) lo ha rebajado una décima. Asímismo, en lo que afecta a las empresas, las exportaciones de bienes y servicios sufrirán «una fuerte desaceleración» en la que jugará un aspecto fundamental la incertidumbre internacional, como la guerra comercial, las tensiones con Italia, el Brexit o el conflicto con los chalecos amarillos en Francia, según apunta el director de coyuntura y análisis internacional de Funcas, Raymond Torres.

Bien apunta Javier Morillas cuando dice que las medidas incluidas en los PGE, que gravan a las empresas, provocará que estas exporten menos e importen más. Les costará más producir en España, así que la tendencia de los últimos años, en los que cosechábamos un superávit externo, podría revertirse totalmente. De hecho, según Funcas su crecimiento se reducirá hasta el 0,8% en 2019 y para el 2021 espera que el ritmo de aumento haya bajado hasta el 0,5%. Por su parte, el director general de Funcas, Carlos Ocaña, ha declarado que en el periodo 2019-2021 se podría dar «un desequilibrio» entre el sector exterior y el interior porque el primero de ellos está «amenazado». Así, desde Funcas advierten de que «todas las recesiones anteriores han venido precedidas por un fuerte deterioro de las cuentas externas». Y como confiesa Javier Santacruz, la recesión llegará en 2020.

Precisamente, los datos son cada vez más negativos porque el ciclo de crecimiento se está agotando y el conjunto de la economía se está resintiendo. De hecho, no tardará en contraerse. El economista de la Think Thank Civismo, Javier Santacruz opina que «en el tercer o cuarto trimestre de 2020 las economías desarrolladas entrarán en recesión», y deberemos estar preparado para ello. Por eso, a Pedro Sánchez se le achaca que haya decidido aumentar el gasto y no amortizar más deuda para que sea lo más reducida posible cuando lleguen tiempos peores. El catedrático de Economía de la Universidad CEU San Pablo, Javier Morillas, destaca que «la amortización de la deuda es clave si queremos asentar la recuperación y tener un colchón para la próxima crisis que venga, que vendrá».

Deuda pública

El Gobierno estima que la deuda cerrará 2019 en un 95,4%. Pero claro, sus ingresos están inflados y siendo lo más realistas posibles no descenderá tanto. Así, Funcas calcula un 95,9%, y Santacruz es aún más pesimista situándola en el entorno del 97%. El principal escollo para amortizarla puede ser los tipos de interés del bono a español a 10 años. En definitiva, si el interés al que pagan la deuda se disparase tendrían un problema. Aunque Santacruz admite que no ascenderán sobre el 2%, no hay que olvidar que los compradores de bonos reaccionan a cualquier incertidumbre y el pasado octubre el interés pasó del 1,65% al 1,76% en una semana auspiciado por el trasiego con el impuesto de las hipotecas y la presentación del borrador de los Presupuestos para los que parecía imposible encontrar apoyos.

En estos momentos, el interés del bono a 10 años se encuentra en el entorno del 1,4%, y conviene tener contentos a los compradores para que se reduzcan. Y es que si se mantienen en ese rango, el Gobierno no logrará una de sus metas, alcanzar un superávit primario en 2019. Según Javier Santacruz, sólo se puede lograr desde un «punto de vista teórico» si se ingresa más de lo que se gasta, pero en la práctica «resulta imposible» y se registrará un déficit porque el pago de la deuda (al nivel de interés que se prevé en 2019) superará al superávit primario.

El índice de referencia para conocer si los inversores confían en nuestra deuda es la prima de riesgo, que es el resultado de la comparación del interés de los bonos españoles y alemanes. Durante la crisis sus altos niveles acapararon telediarios. Y desde cuando Sánchez aterrizó en el Gobierno ha vuelto a hacer amagos de fuertes subidas. Entonces, a principios de junio, rondaba los 100 puntos y desde el día en que se presentó el borrador de los Presupuestos, el 11 de octubre, no ha bajado de la barrera de los 110 puntos. Y así, estos primeros días del año protagonizados por la presentación de los Presupuestos Generales del Estado de forma oficial, la primera de riesgo ha estado entre los 118 y los 131 puntos.

BCE

Está por ver cómo reaccionarán las deudas de las economías europeas a la decisión del Banco Central Europeo (BCE) de abandonar el progama de compra de deuda (QE; expansión cuantitativa) vigente desde 2015. El Catedrático de Estructura Económica Santiago Niño-Becerra indica que, a día de hoy, el BCE «tiene 220.000 millones de euros de deuda pública española (el 22,3% del total) y 23.000 millones de deuda de las empresas. De momento, la institución ha dicho que mantendrá embalsada esa deuda (pública) e irá renovando los vencimientos, pero la dependencia de España será máxima: un simple rumor de que eso vaya a dejar de ser así ocasionará una incertidumbre enorme».

Igualmente, el secretario general del Sindicato de los Técnicos de Hacienda (Gestha), José María Mollinedo, cree que el BCE tiene tanta deuda española acumulada que el fin de la QE «traerá más tensiones de tesorería para el pago de pensiones, subsidios, y demás; también para las empresas, dado que aumentará tipos de interés, habrá menos inversión y afectará al empleo y al consumo de las familias».

Además de la deuda pública, Javier Morillas considera que las empresas y las familias españolas siguen «hiperendeudadas». A pesar de haberse disminuido hasta el 153,5% del PIB, según los últimos datos publicados en las Cuentas Financieras de la Economía Española, el débito privada (junto a la de las Administraciones Públicas) es motivo para creer en que nos encontramos en una «crisis de deuda», explica Morillas. Y el aumento de los impuestos a las compañías y del IRPF a los ciudadanos no ayudará a que puedan deshacerse de lo que aún deben.

Cotizaciones sociales al alza

Otra de las propuestas del Gobierno de Pedro Sánchez para aumentar los ingresos y que afecta directamente a las empresas es la subida del 7% de las bases máximas de cotización de los salarios elevados. Por eso no afectará al grueso de las empresas, pero sí a las grandes, que cuentan en su plantilla con directivos y otros empleados con rangos destacados sufrirán un «aumento de la carga societaria en la cuota de la seguridad social», explica Mollinedo, lo que quiere decir que aportarán más a la sostenibilidad de la propia Seguridad Social. El conjunto de los Presupuestos, según el Club de Exportadores e Inversores, dañará gravemente la competitividad de las compañías españolas. Sobre todo cuando hemos entrado en un ciclo de desaceleración económica, que invita más a facilitar la actividad de las empresas que a obstaculizarla.