Las radiales pagarán un canon sujeto a sus resultados

Las nuevas concesionarias de estas vías abonarán al Estado un pago variable anual si superan el umbral del 125% de los ingresos previstos. Los contratos durarán 25 o 22 años.

Si todo marcha según sus previsiones, el Ministerio de Fomento volverá a licitar en junio las radiales quebradas con las que ahora se está quedando para que su gestión regrese a manos privadas. Por este motivo, el departamento trabaja ya en el pliego de condiciones del nuevo concurso. Según el borrador que maneja en el sector, el ministerio prevé implantar un canon ligado a los ingresos. En concreto, propone el pago de un canon único «up front» por parte de cada concesionario que resulte adjudicatario de uno de los dos lotes en que se dividirá el concurso. Su cantidad se fijará en el proceso de adjudicación a favor de la mejor oferta. Además, contempla otro canon anual variable que sólo se devengará si se supera el umbral del 125% de los ingresos previstos en el estudio de viabilidad, abonándose el 25% sobre el exceso de dicho umbral y el 50% si se supera el 150% de los ingresos.

El plazo de duración de las dos concesiones que se maneja será diferente en cada caso. En el caso del lote 1, que engloba las vías cercanas a Madrid –Madrid-Toledo (AP-41), Ocaña-La Roda (AP-36), Autopista eje del aeropuerto (M-12), Madrid-Guadalajara (R-2), Madrid-Arganda (R-3), Madrid-Ocaña (R-4) y Madrid-Navalcarnero (R-5)– la duración será de 25 años. Para el lote 2, en el que están la circunvalación de Alicante y los tramos de la AP-7 entre Alicante y Cartagena y Cartagena y Vera, será de 22 años. El concesionario asumirá íntegramente el riesgo de demanda. A cambio de los cánones, tendrá derecho a percibir de los usuarios de la autopista las tarifas fijadas, así como los ingresos de los espacios comerciales incluidos en las concesiones.

Los grupos que quieran optar a hacerse con las concesiones deberán tener no sólo solvencia económica sino experiencia en el sector. El consorcio licitador deberá tener recursos o liquidez para cubrir el 20% del canon «up front». Para garantizar su solvencia técnica, deberán ser concesionarias de autopistas, accionistas de más del 50% de empresas concesionarias o de empresas de conservación de autopistas o de autovías de gran capacidad que tengan una intensidad media diaria (IMD) de tráfico de más de 10.000 vehículos de media anual en los últimos cinco años.

Fomento confía en que la relicitación resulte atractiva para el sector debido a que se trata de activos que, una vez eliminada la pesada carga de su deuda, son viables debido a que su actividad está mejorando notablemente una vez superada la crisis. A cierre de 2017, todas estas autopistas presentan un incremento medio de tráfico del 8,6%.

Minorar la RPA

Con la relicitación de estas autopistas, el Estado confía en ingresar entre 750 y 1.000 millones de euros con los que minorar la factura de su rescate. Sus anteriores concesionarias quebraron porque los sobrecostes por la expropiación de los terrenos en que se construyeron convirtieron en inviables sus negocios. Llegados a este punto, el Estado, que es el propietario de las vías, se está haciendo cargo de las mismas conforme están siendo liquidadas por la Justicia. Pero como los contratos se están resolviendo con antelación, tiene que compensar a las concesionarias. Este pago, conocido como responsabilidad patrimonial de la administración (RPA), está recogido en los contratos y es fuente de discordia. El Estado calcula que rondará los 2.000 millones. Pero los fondos que adquirieron a la banca la deuda de las autopistas y que tienen ahora su control la estiman en unos 4.000.

Dado que la cantidad que ofrece Fomento y la que reclaman los otros fondos está muy alejada, se da por hecho que la RPA se dilucidará en los tribunales.