Las radiales quebradas le cuestan ya 1.800 millones a España

Hacienda incorpora al gasto del Estado tal cantidad, lo que desviará el déficit.

De no costarle un euro, como decía Ana Pastor en su época de ministra de Fomento, las radiales quebradas han pasado a costarle 1.800 millones de euros al Estado. La secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos, María José Gualda, ha explicado hoy que se han incorporado a los gastos del Estado tal cantidad correspondiente al pago de la responsabilidad patrimonial de la administración (RPA) de las nueva vías afectadas.

Durante su comparecencia en la Comisión del Presupuestos del Congreso de los Diputados, Gualda ha explicado que el gasto en inversiones del Estado se disparó en un 60,5% en los nueve primeros meses del año, hasta los 4.833 millones. Este incremento está relacionado con la incorporación de un ajuste de 1.800 millones procedente de la RPA por “la gestión del Gobierno anterior” y sólo tendrá impacto en un año, según informa Efe. La secretaria de Estado ha añadido que como consecuencia de este impacto, la reducción del 22,6% registrada por el déficit del Estado en los nueve primeros meses del año ha sido inferior al 33,1% que se habría logrado sin ese efecto.

La RPA es la indemnización que el Estado debe abonar a las concesionarias de estas vías ya quebradas y que fueron construidas durante el Gobierno de José María Aznar. Las autopistas han fracasado porque los sobrecostes de las expropiaciones las hicieron inviables y obligaron al Estado a liquidar por adelantado sus contratos. Los acuerdos incluyen cláusulas por las que, si se daba esta circunstancia, el Estado debía indemnizar a los accionistas de estas concesionarias. El motivo es que al no poder agotar los años de concesión, las compañías no pueden recuperar mediante los peajes la inversión realizada y el Estado, propietario de las vías, debe pagarlas.

Aunque el Estado haya consignado ya 1.800 millones para la RPA, la misma cantidad que comunicó el Gobierno a Bruselas, no está claro que ésta vaya a ser la cantidad definitiva que abone a los fondos de inversión que ahora controlan las concesionarias. El Ministerio de Fomento está ahora mismo calculando cual debe ser el monto de tal RPA, que debe ser comunicada como tarde 13 y 20 de enero. Los fondos la elevan por encima de los 4.000 millones de euros y reclamarán tal cantidad en los tribunales si no es lo que el Estado les ofrece.

Para amortiguar el efecto de esta indemnización en las cuentas públicas, el Gobierno del PP había previsto volver a licitar estas autopistas para ingresar entre 700 y 1.000 millones de euros. Sin embargo, hace unos días, José Luis Ábalos aseguró que el concurso ha sido suspendido hasta que no se determine la RPA. Además, aseguró que el cambio de condiciones que hay que introducir en los contratos las hará menos atractivas para los inversores. El interés que se les puede ofrecer es más bajo puesto que las concesiones sólo incluirán los costes de conservación y no los de construcción. Además, los plazos de concesión también serán más cortos para respetar las normas que impone la UE.