Los abogados se juegan comisiones de hasta el 35% con el arbitraje de Bankia

El arbitraje que estudia aplicar el Ministerio de Economía para indemnizar a los afectados por la salida a bolsa de Bankia, que ayer adelantó LA RAZÓN y que confirmó el secretario de Estado de Economía, Íñigo Fernández de Mesa, deja en el aire comisiones de hasta el 35% para los abogados de los inversores. Si los minoristas solicitaran esta hipotética vía extrajudicial y el banco la aceptase, no podrían acudir a los juzgados, por lo que los despachos dejarían de percibir las cantidades de una posible condena en costas y de los intereses legales acumulados desde que se produjo la operación pública de venta (OPV).

El banco nacionalizado saltó al parqué en 2011, hace ya cinco años, por lo que hasta 2016, y con un rendimiento anual del 4%, los intereses generados ascienden ya al 20% del capital invertido. En caso de fallo en contra de la entidad, este montante lo percibiría el despacho, según establecen los contratos firmados con los clientes. Además, a la cifra anterior habría que sumar el capital de las posibles condenas en costas, que también debería pagar Bankia.

En concreto, los contratos analizados por LA RAZÓN establecen entre otros conceptos que, si hay condena en costas, el despacho percibe esta cantidad y los intereses generados. En caso de que exista acuerdo judicial o extrajudicial que ponga fin a la reclamación (como el arbitraje), el cliente deberá abonar al abogado el 10% del capital recuperado, mientras que si el fallo es a favor de Bankia, el letrado se queda la provisión de fondos.

Jesús María Arriaga, socio-director de Arriaga Asociados, reconoce que un hipotético arbitraje «afecta al negocio» de la compañía. No obstante, apunta que, en el caso de que Bankia elija esta opción, el despacho también representará a los clientes que opten por esta vía y que así lo deseen. Arriaga recuerda que el procedimiento elegido para solucionar el conflicto de las acciones preferentes y la deuda subordinada fue «un desastre» y que aquellos inversores que fueron sin representación legal «salieron perjudicados». Esta firma representa a 25.000 afectados por la OPV del banco.

José Plaza, director de Bufete Rosales –que representa a 15.000 inversores– muestra su «escepticismo» ante un posible arbitraje para solucionar el conflicto, ya que, en su opinión, esta vía «no garantiza que los inversores recuperen el 100% del capital, como sí se está consiguiendo por la vía judicial». Plaza recuerda que el plazo para presentar demandas «probablemente finalice en mayo», por lo que a Bankia y al Ministerio de Economía les queda «poco tiempo» para articular el cambio legal para esta solución extrajudicial.

Fuentes de la entidad siguen analizando cuál es la «mejor fórmula para articular la solución jurídica» al conflicto abierto por la salida a bolsa. Además, destacan que, a diferencia de lo que sucedió con el arbitraje de las preferentes, en el caso de la OPV no se puede hacer una diferenciación por tipos de inversores minoristas. La única distinción la hizo el Tribunal Supremo, que consideró que los grandes inversores institucionales no tienen derecho a compensación por la salida a bolsa.

Según fuentes jurídicas, hasta la fecha aproximadamente el 20% de los afectados por la salida a bolsa de Bankia ha presentado reclamación en los juzgados, por lo que más de 250.000 minoristas aún no han presentado reclamaciones. La entidad ha provisionado cerca de 1.800 millones de euros para sufragar el coste de las indemnizaciones.