Los bancos sabrán en julio si tienen que devolver las cláusulas suelo al completo

El abogado general del Tribunal de Justicia de la UE fijará su posición en tres meses.

La Justicia europea inició ayer el «tic-tac» del reloj para delimitar la retroactividad de las devoluciones de las denominadas «cláusulas suelo» en los préstamos hipotecarios. Por este tipo de contratos firmados entre los clientes y los bancos se fijaba una cuota mínima de pago que los consumidores debían seguir abonando a pesar de la caída del euribor, debido a la política de bajada de tipos de interés del Banco Central Europeo a partir de noviembre de 2009. Ayer, se produjo la primera vista entre las partes en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo y se espera que haya una sentencia firme antes de que termine el año. El abogado general, cuyo criterio suele seguirse en un 80% de las ocasiones, publicará su dictamen el 12 de julio

En mayo del año 2013, el Tribunal Supremo emitió una sentencia en la que acusó a BBVA, Novagalicia y Cajamar de haber redactado contratos en los que estas condiciones no estaban explicadas de forma transparente a los consumidores y, por lo tanto, eran consideradas abusivas. Esto abrió la puerta a la retirada de estas cláusulas y a nuevas denuncias de clientes de otras entidades que habían firmado contratos similares. En marzo de 2015, el Supremo se ratificó en su veredicto sobre la nulidad de estas cláusulas pero delimitó la fecha a partir de la cual las entidades debían proceder a devolver el dinero: el primer fallo se produjo en mayo de 2013.

El Alto Tribunal justificó esta decisión en que la aplicación de la retroactividad desde noviembre de 2009, cuándo de facto comenzaron a activarse estas cláusulas, podría afectar a la solvencia del sector financiero español en su conjunto, tambaleante tras el rescate europeo. Según cálculos de Analistas Financieros Internacionales, las entidades financieras recibieron 5.269 millones de euros por no reflejar en las hipotecas el impacto de la caída del euribor desde mayo de 2013 a marzo de 2015. La factura aumentaría en 4.475 millones si la retroactividad comenzara a contabilizarse desde noviembre de 2009. A pesar de esto, las 40 entidades financieras involucradas han comenzado a provisionar fondos en sus balances para hacer frente a estas posibles devoluciones y muchas de ellas han renegociado con sus clientes los contratos hipotecarios tras anular estas cláusulas.

Ayer, en Luxemburgo se vieron las caras las dos partes: consumidores y entidades financieras. El abogado Francisco García Cerrillo criticó la decisión del Tribunal español de establecer unos límites a las devoluciones «amparados en conceptos genéricos, ambiguos, como la buena fe o los riesgos de trastornos graves» y aseguró que estas devoluciones no constituyen un riesgo sistémico para la banca. Según el abogado de Cajasur, Daniel Sarmiento-Escudero, un informe del Banco de España alerta de que la retroactividad desde 2009 hubiese conllevado una ampliación del plan de rescate europeo con sus efectos sobre el conjunto de la economía española. Pineda Cuadrado, defensor de los consumidores, descartó un «riesgo de insolvencia» de la banca y alegó que las entidades tan sólo reducirían sus beneficios a la vez que recordó a las 600.000 familias desahuciadas en España, que «muchas pagaron créditos hipotecarios con cláusulas suelo».

Un informe no vinculante de la Comisión Europea de octubre cuestionaba el criterio del Supremo al considerar que una parte del contrato declarado nulo por una mala praxis conllevaba el cobro integro de los clientes desde la activación de estas cláusulas.