El intervencionismo del Gobierno en el mercado laboral, el incremento de los costes laborales, el impacto que pueda tener la reducción de la jornada, el aumento de las cotizaciones sociales y el posible encarecimiento de las indemnizaciones por despido va a incidir muy negativamente en el empleo, la contratación y la propia viabilidad de la actividad empresarial. Así lo advierten los empresarios en el último barómetro de la pyme elaborado por Cepyme, en el que se constata que más de la mitad de las empresas prevé tomar medidas restrictivas si se reduce la jornada laboral, entre las que se incluyen la renuncia al desarrollo de proyectos, reducir el tamaño de la empresa con recortes de plantilla y el parón de la contratación.

El 90% de las empresas cree que la reducción de jornada hasta las 37,5 horas tendrá un impacto negativo, y de este porcentaje el 25% asegura que tendrán que hacer ajustes de mayor o menor calado. Incluso en el 13,55% de los casos, la medida pondría en peligro la supervivencia de la empresa. Junto a la reducción de la jornada laboral, los empresarios muestran su preocupación por la posibilidad anunciada por el Gobierno de un encarecimiento del despido. En este caso, el 63% considera que tendrán que prescindir de parte del empleo.

El incremento de las cotizaciones sociales o un eventual encarecimiento de la indemnización por despido son otros de los motivos de dificultad que exponen tres de cada cuatro pymes, que también apuntan como problemas para el desarrollo empresarial la búsqueda de personal cualificado, la inestabilidad política o la carga impositiva.

Dos de cada tres empresas han confirmado que vieron reducidos en 2024 sus márgenes operativos, de las cuales, un 10% sufrieron mucho recorte y otro 7% llegaron a considerar en peligro su viabilidad, mientras que un 38 % vieron sus costes estables o con tendencia a aumentar ligeramente.

Un tercio de los empresarios destaca que el aumento de la incertidumbre normativa –que se añade sobre la ya existente– y la inquietud ante el futuro impacto de las nuevas medidas han mermado su capacidad operativa, al haberse incrementado significativamente el coste laboral, ya muy elevado para 2025 por culpa de la nueva subida del salario mínimo interprofesional y el incremento de las cotizaciones sociales.

Las políticas del Gobierno relativas a las empresas son rechazadas por el 93% de los encuestados. Así, el 86% cree que la incertidumbre perjudica a su negocio: paraliza proyectos (27%), lastra la inversión (31%) o condiciona las decisiones sobre creación o mantenimiento del empleo (36%). Los efectos de estas medidas sobre las perspectivas de evolución del empleo hacen que el 80% de los empresarios no prevea aumentar su plantilla en 2025 Solo el 6% de los empresarios prevé que su empresa mejora las ventas este año.