Hace un par de semanas, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, anunciaba que el grupo parlamentario socialista en el Congreso de los Diputados iba a registrar una proposición de ley con una batería de medidas para intervenir en el mercado de la vivienda. Entre las actuaciones previstas está una que da cumplimiento a unos los anuncios que hizo el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en enero de subir el IVA a los alojamientos turísticos hasta el 21%. Se trata, dijo entonces, de equiparar su fiscalidad a la de cualquier otra actividad económica.

Pero la realidad del mercado de viviendas turísticas en España es que no se trata de un negocio que esté dominado por grandes compañías ávidas de haber negocio sino que, como en el caso del alquiler tradicional, son particulares los que las gestionan estos alojamientos de forma mayoritaria con el fin de lograr unos ingresos extra que se verán esquilmados por este alza recaudatorio.

Según un reciente informe publicado por Mabrian, una consultora turística, titulado "El mercado de viviendas turísticas en España, un negocio de particulares y pequeños tenedores", la mayoría de las propiedades de alquiler vacacional en España son gestionadas por "arrendadores individuales que las utilizan para generar ingresos adicionales".

El análisis de Mabrian, que se realizó cruzando diversos datos de los anuncios en Airbnb del pasado mes de marzo dado que esta plataforma recoge el 90% de la oferta de vivienda de uso turístico (VUT) que hay en España, muestra que los alquileres turísticos en el país son propiedad o están gestionados mayoritariamente por particulares y pequeños arrendadores -aquellos que tienen entre dos y diez propiedades-, que representan, de media, el 74,1% y el 23,9% de los anfitriones, respectivamente.

Las provincias con mayor número de anfitriones que ofrecen un único alojamiento y que están por encima de la media nacional son Murcia y Castellón (77,9%), Alicante (77,4%), Pontevedra (76,8%), Vizcaya (76,4%), Cantabria (76,3%), Tarragona (75,5%), Huelva (75,3%), Almería (74,8%), Gerona (74,6%) y La Coruña (74,2%).

Frente a ello, los grandes propietarios de alquileres vacacionales -con una cartera de 11 o más unidades- representan, de media, apenas el 2% del total de anfitriones de alquileres turísticos en España. Las tres provincias con mayor proporción de grandes arrendadores son Córdoba (6,4% de sus anuncios), Lérida (5%) y Sevilla (4,8%).

Respecto a los pequeños propietarios, Carlos Cendra, socio y director de Marketing y Comunicaciones de Mabrian, destaca que desempeñan "un papel clave en la definición de la dinámica de precios, la competitividad y los estándares de calidad del sector de alquiler vacacional". Además, añade, también actúan como "importantes actores económicos locales, operando a menudo con modelos de negocio estructurados que pueden contribuir positivamente a la economía del destino".

Más presión

Las viviendas de uso turístico se han convertido en uno de los objetivos a batir por el Gobierno, que considera que limitan la oferta de viviendas para alquiler tradicional. Su causa cuenta con el apoyo de partidos como Podemos, Bildu, BNG Sumar o ERC. Los republicanos, de hecho, han presentado una moción en el Congreso que insta al Gobierno a introducir una modificación en la normativa sobre haciendas locales para permitir a los ayuntamientos en zonas de mercado residencial tensionado aplicar un recargo en el IBI a las viviendas turísticas y viviendas en manos de grandes tenedores, ampliable si el titular de la vivienda no puede acreditar cinco años de residencia consecutiva en el Estado.

En la ofensiva contra las VUT el Ejecutivo también cuenta con el apoyo del sector hotelero, que denuncia que se trata de una competencia desleal. A este respecto, el análisis de Mabrian destaca que un 38% de las VUT registradas en las plataformas no informan de si tienen licencia para ello, porcentaje que se eleva por encima del 86% en los casos de Madrid y Albacete.

En promedio, según Mabrian, un 62% de los anuncios sí informan de su licencia, con tasas muy por encima de esta cifra en las ocho provincias andaluzas y en las cuatro catalanas (media del 96,3% del total).