Moción al plan de gasto de los socialistas

Sánchez apuesta por medidas como la renta vital y fía los ingresos a más impuestos.

Hace apenas mes y medio, cuando Pedro Sánchez era sólo secretario general del PSOE y renegaba del presupuesto del PP que ahora ha abrazado para convertirse en presidente del Gobierno, los socialistas presentaron un proyecto propio de cuentas públicas que elevaba el gasto en 8.000 millones de euros. Para no descuadrar el déficit, el plan incluía subidas impositivas y de ahorro equivalentes a la misma cantidad, algunas de ellas tan difusas que, de ponerse en práctica, no garantizan ese equilibrio entre ingresos y gastos prometido por los socialistas y descuadrarían más un déficit que este año, según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), será del 2,6%, cuatro décimas mayor que el previsto en los presupuestos. Incluso la propia Comisión Europea prevé que se desvíe 5 décimas por encima.

Entre las medidas más dudosas de cumplir que recoge el documento denominado «Hagamos un país mejor» está la del ahorro en el gasto público. El PSOE lo fía casi todo a la centralización de compras de bienes y equipos, que, según sus cálculos, podrían aportar hasta 1.900 millones de euros. Sin embargo, hay sectores como la Sanidad en los que se han puesto en marcha sin dar resultado. El plan también contempla aumentar en 1.500 millones la recaudación de la lucha contra el fraude fiscal con medidas como el aumento de la plantilla de inspectores, si bien no detalla en cuantos efectivos.

En el aspecto impositivo, el mayor incremento recaudatorio provendría de imponer un tipo mínimo a las multinacionales del 15%, la revisión de los incentivos fiscales y un impuesto sobre beneficios desviados que recabaría según sus cálculos 4.000 millones de euros. También plantea subir el IRPF hasta el 26,5% para rentas de 150.000 euros y un tipo del 30% para los contribuyentes que obtienen más de 50.000 euros de base de ahorro y unas rentas superiores a 150.000 euros.

En el apartado del gasto, y siempre que se cumplieran los objetivos de ingresos, la medida estrella de Sánchez es el Ingreso Mínimo Vital para las familias más desfavorecidas, que según sus estimaciones costaría 2.400 millones. Este tipo de subsidio ya se ha experimentado en otros países y ha fracasado. Los economista aseguran que, financieramente, es muy difícil de sostener. Según cálculos de la AIReF, la renta mínima que han planteado los sindicatos para los desempleados que carecen de ingresos costaría un mínimo de 6.000 millones. Además, consideran que genera economía sumergida. La razón es simple. A muchos de sus perceptores les compensaría trabajar en negro al tiempo que cobran la ayuda, lo que perjudicaría las cotizaciones.

Sánchez ha prometido respetar el presupuesto del PP de este año, lo que neutralizaría su plan alternativo. Sin embargo, de cara al año próximo, mantenerlas podría resultar muy relevante. En Bruselas nadie duda de que con los presupuestos del PP España saldrá del procedimiento por déficit excesivo en el que está inmerso desde hace una década por superar el desfase de las cuentas públicas el 3%. Sin embargo, salir de este procedimiento conlleva que Bruselas observe con más detalle el denominado déficit estructural –no sujeto a los vientos a favor o en contra del ciclo económico–. En los últimos años, España ha fiado la reducción de su déficit, en gran parte, al alza del PIB que han traído las reformas, la bajada del precio del petróleo y los bajos intereses en el pago de la deuda. Para el año que viene, Bruselas pide a nuestro país un esfuerzo estructural de unos 7.000 millones que parece a contracorriente de los planes del presidente del Gobierno.

Radiales

Presupuesto al margen, existen otros factores que por sí solos podrían afectar a las cuentas públicas en función de lo que haga Sánchez. El más inminente, las autopistas radiales quebradas y revertidas al Estado. Fomento tenía previsto relicitar las vías para ingresar entre 700 y 1.000 millones con los que amortiguar la responsabilidad patrimonial de la administración (RPA). Esta es la indemnización que el Estado debe pagar a los antiguos concesionarios de las vías para compensar la liquidación anticipada de sus contratos, que les impedirá recuperar con los peajes la inversión que hicieron. Si el nuevo Gobierno socialista no relicita las vías, esta factura, que el Estado estima en 1.800 millones de euros y los fondos que controlan las vías en 4.000 millones de euros, aumentará.