Peajes, butano, autobús o metro no subirán con el IPC

La revisión de los precios de peajes de autopistas, eléctricos, abonos de telefonía, Renfe, autobús, metro o la bombona de butano no se realizará con arreglo al IPC anual, sino según la variación de los costes, de acuerdo con el anteproyecto de Ley de Desindexación de la Economía que ayer aprobó el Consejo de Ministros.

El objetivo es contribuir desde el sector público a la estabilidad de precios y a la mejora de la competitividad, en línea con el acuerdo de moderación salarial entre los agentes sociales y otras reformas como la de las pensiones. El principio general es desvincular las actualizaciones de rentas, precios y otros conceptos de las administraciones públicas del Índice de Precios al Consumo (IPC) y promover la adopción por parte del sector privado de la misma práctica. La entrada en vigor está prevista para enero de 2014.

Efectos perversos

Soraya Sáenz de Santamaría destacó ayer al término de la reunión del gabinete ministerial que el Gobierno perseguía con esa medida «evitar los efectos perversos que tienen sobre los ingresos y los gastos la variación de los precios». Entre 1996 y 2008 el Índice Precios de Consumo (IPC) subió un 42%. El ministro de Economía, Luis de Guindos, destacó el hecho de que España haya tenido en los últimos quince años un diferencial de inflación con la Unión Europea que ha restado competitividad a la economía española. «La rigidez de los precios se deja notar de forma negativa en las fases de recesión y en los shocks».

La nueva ley, que tendrá un periodo de transición de seis meses, se aplicará a todas las administraciones públicas (central, autonómica y local) y se dejará notar en las economías familiares.

Según datos del Ministerio de Economía, el gasto en bienes y servicios regulados que afectan a los hogares representan alrededor del 7% del total, lo que se traduce en 36.000 millones de euros anuales. Si, por ejemplo, estos bienes y servicios tuvieran que revalorizarse conforme a un IPC del 2%, el ahorro que las familias podrían tener ascendería a 720 millones siempre y cuando los costes permanecieran estables. «Cuanto menos indexada esté una economía mejor para los consumidores».

La norma excluye la negociación colectiva (tanto en el ámbito privado como en el del personal laboral del sector público), las pensiones y los instrumentos financieros. Para el sector privado, la adopción de esta ley se aplicará con carácter voluntario aunque, en el caso de no existir un acuerdo explícito, se aplicará de forma automática.

Nuevo índice

En el momento en que entre en vigor la ley, las revisiones de precios regulados deberán estar justificadas por la evolución de los costes y no por la inflación. En cuanto a los contratos públicos, se modifica la norma vigente para que la pauta general sea la no indexación.

La norma crea además un Índice de Garantía de la Competitividad (IGC), como forma residual de actualización de los precios. Será aplicable a los contratos entre privados que voluntariamente lo acuerden y en aquellos casos en que hayan pactado una cláusula de revisión pero no la hubieran especificado. La fórmula tiene en cuenta la inflación de la zona euro corregida con la competitividad perdida desde 1999.