PSM, UGT y CC OO «estaban al tanto» de las «tarjetas black»

Un ex dirigente sindical, al que avalaron como consejero de Caja Madrid, dice que nunca le recriminaron nada.

El Partido Socialista de Madrid (PSM) y los sindicatos UGT y CC OO «estaban perfectamente al tanto» de la existencia de las tarjetas opacas de Caja Madrid y Bankia, con las que 82 ex directivos de ambas entidades gastaron 15,5 millones de euros entre 2003 y 2012. Así lo asegura uno de los ex consejeros imputados, el que fuera dirigente de UGT Gonzalo Martín Pascual, en el recurso de reforma que ha presentado en la Audiencia Nacional en contra de su imputación por administración desleal y apropiación indebida acordada hace unos días por el juez Fernando Andreu.

En el escrito, el ex secretario de Política Regional de UGT en Madrid –que gastó más de 128.000 euros entre 2003 y 2010 con la polémica tarjeta opaca– sostiene que nunca «fue recriminado por ninguna de las organizaciones» que presentaron su candidatura al Consejo de Caja Madrid (PSM, UGT y CC OO), al que se incorporó en octubre de 2003, en relación a las «tarjetas B». Además, añade que «estaban perfectamente al tanto de su existencia». En una entidad, recuerda además, de marcado «carácter presidencialista» donde la política empresarial «siempre estuvo en manos de la Comisión Ejecutiva», a la que él no perteneció, insiste.

Martín Pascual cuenta en su recurso que nada más acceder al cargo el entonces secretario de Caja Madrid, Enrique De la Torre, le comunicó que el cargo «suponía la concesión de una tarjeta “Business Plata” con un límite mensual de 2.500 euros para gastos de todo tipo», que según él «jamás excedió». Nunca, recalca, sacó dinero en efectivo y tampoco fue «reprendido o amonestado por persona alguna» de la entidad por los gastos que cargaba a la tarjeta opaca.

Para el imputado –citado a declarar ante Andreu en la Audiencia Nacional el próximo 16 de febrero– el auto del magistrado del pasado 23 de enero, en el que acuerda la imputación de otros 79 ex consejeros de la entidad, es «sumamente precipitado, aparte de erróneo y equivocado».

En contra de lo que sostiene Andreu, la defensa del ex dirigente sindical mantiene que la polémica visa «estuvo perfectamente dentro del circuito ordinario de otorgamiento de tarjetas» y de la misma «sí que existe un soporte contractual» (firmado con la entidad el 21 de octubre de 2003). Del mismo modo, añade, considera «un tanto precipitado» afirmar, como hace el juez Andreu, que esos gastos cargados a las tarjetas opacas no se declararon a Hacienda cuando está pendiente, recuerda, un informe de la Agencia Tributaria para esclarecer ese extremo.

«No es posible asumir», argumenta su defensa, que si el uso de las tarjetas hubiese sido fraudulento Hacienda «no se hubiera dirigido a mí mandante durante el largo periodo de 2003 a 2010 y le requiriese justificación de los gastos acarreados». Martín Pascual hace hincapié, por tanto, en que el uso que hizo de su tarjeta «siempre fue lícito y nunca fraudulento».

Cuando se la entregaron, subraya, «lo único que pudo pensar fue en la normalidad, legalidad y validez de la tarjeta de crédito», pues no se trataba de un uso excepcional dado que, «según se le comunicó, todos los consejeros disponían de ella». Por eso, concluye, «jamás» tuvo «el más mínimo atisbo de irregularidad».