Rato: «Estoy en mi casa, en libertad y confío en la Justicia»

La denuncia investiga al expresidente de Bankia por supuestos delitos de fraude, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales

Tras cuatro horas de registros, Rato ha abandonado el despacho en un vehículo policial y ha sido trasladado a su domicilio. El exvicepresidente del Gobierno ha afirmado: «Estoy en mi casa, con mi familia y en libertad» y ha añadido que tiene «confianza en la Justicia» y que ha «colaborado activamente» con los funcionarios de Aduanas que han registrado durante cuatro horas su domicilio y su despacho.

El ex vicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato fue detenido ayer durante el tiempo que duraron los registros en su vivienda y en su despacho –casi siete horas y media– por funcionarios de la Agencia Tributaria y agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera y de la Policía, una diligencia ordenada de forma «inmediata» por el Juzgado de Instrucción número 35 de la capital a instancias de la Fiscalía de Madrid. Precisamente fue el magistrado Enrique de la Hoz quien, en funciones de guardia, autorizó los registros y firmó la orden de detención al encontrarse de permiso la titular del juzgado, Gema Gallego.

A las 00:18 minutos llegaba a su casa acompañado por agentes de Aduanas, ya en libertad. Rato aseguraba que tiene «confianza en la Justicia» y que ha «colaborado activamente» con los funcionarios. «Estoy en mi casa, con mi familia y en libertad», añadió el ex ministro nada más quedar libre.

El Ministerio Público –que pidió la puesta de libertad de Rato al concluir los registros– investiga al ex presidente del Fondo Monetario Internacional (FMI) y ex ministro de Economía por fraude, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales. Horas después de que trascendiese que Rato se había acogido a la regularización fiscal de 2012, la Fiscalía abría diligencias de investigación ante las sospechas de la supuesta procedencia ilícita del dinero y de la existencia de patrimonio oculto en el extranjero que no había sido declarado a Hacienda.

Fue la propia Fiscalía de Madrid la que precipitó la actuación judicial al presentar en la mañana de ayer una denuncia en el juzgado de guardia de Plaza de Castilla contra Rato y otras personas sin identificar por los delitos mencionados.

El registro en el domicilio habitual de Rato por parte de los agentes de Aduanas comenzó minutos antes de las cinco de la tarde y se extendió durante tres horas y media. Pasadas las ocho de la tarde, Rato salió por la puerta principal del edificio escoltado por varios agentes.

Con semblante serio y sin corbata, aunque sin esposas, se montó, acompañado por varios agentes, en un coche del Servicio de Vigilancia Aduanera y fue trasladado a su despacho, situado en la madrileña calle de Castelló, aledaña a su domicilio en el barrio de Salamanca, para continuar con la inspección. Minutos después, agentes de Aduanas sacaron cuatro cajas de documentación incautada en el registro domiciliario.

Cordón policial

Durante más de tres horas, los agentes iban y venían ante la atenta mirada de los vecinos y viandantes que transitaban por la zona, que no salían de su asombro ante el revuelo ocasionado por el amplio despliegue policial. De hecho, dos furgones se trasladaron a las inmediaciones de la residencia de Rato y procedieron a cortar el tráfico en la zona y acordonaron el área alejando a periodistas y curiosos.

Además de su vivienda, los agentes también registraron un despacho de abogados en la urbanización de Sotogrande (Cádiz) supuestamente vinculado al entramado que se investiga.

Rato está imputado en dos procedimientos en la Audiencia Nacional por las supuestas irregularidades en la salida a bolsa de Bankia y por el uso de las polémicas «tarjetas black» de Caja Madrid, con las que los consejeros y altos cargos de la entidad gastaron 15,5 millones de euros entre 1999 y 2012. Además, afronta una querella presentada en el Juzgado de Instrucción número 45 de Madrid por UPyD, respaldada por la Fiscalía Anticorrupción, por las retribuciones que los ex directivos de Caja Madrid se asignaron entre los años 2007 y 2010, que causaron un perjuicio a la entidad de 14,8 millones de euros. En el marco de esta causa, el sindicato Manos Limpias anunció ayer que pedirá hoy mismo la retirada del pasaporte al ex ministro, una medida que ya solicitó el pasado miércoles UPyD al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, instructor del «caso Bankia».