¿Por qué cien años después seguimos trabajando ocho horas?

El 3 de abril de 1919, un real decreto del Gobierno estableció en España la jornada laboral de ocho horas, un hito del movimiento obrero fruto del éxito de una huelga de casi dos meses iniciada por los trabajadores de la empresa eléctrica de Barcelona conocida como La Canadiense, que amenazó con extenderse por toda España.

El 3 de abril de 1919, un real decreto del Gobierno estableció en España la jornada laboral de ocho horas, un hito del movimiento obrero fruto del éxito de una huelga de casi dos meses iniciada por los trabajadores de la empresa eléctrica de Barcelona conocida como La Canadiense, que amenazó con extenderse por toda España. Lo promulgó el presidente del Gobierno en aquel momento, Álvaro Figueroa Torres, conde de Romanones, que firmó el decreto, reconoció a los sindicatos como interlocutores válidos para la negociación laboral y, de paso, convirtió a España en el primer país europeo en reconocer oficialmente este derecho.

Cien años después, la jornada de ocho horas sigue vigente y son muchos los que se preguntan si las reivindicaciones laborales se han estancado. Los sindicatos llevan varios años reclamando la implantación de la jornada de 35 horas aunque, de momento, sólo se ha conseguido en algunos estamentos públicos.

La firma de aquel decreto abrió las puertas a la racionalización de las jornadas de trabajo, que podían extenderse hasta las 16 horas en los peores casos. Pero este logro no fue fácil de conseguir en los convulsos inicios del siglo XX. Todo había estado precedido por una huelga que duró 44 días y que provocó la paralización total de la capital catalana y del 70% del entramado empresarial de la región, además de provocar la detención de más 3.000 trabajadores y enfrentamientos entre sindicalistas y policías, que terminaron con numerosas víctimas.

El detonante de la movilización fue el paro que se produjo en la principal empresa productora de electricidad de Cataluña (Fecsa), conocida como La Canadiense, cuando ésta cambió las condiciones de trabajo de los ocho trabajadores de su personal de facturación. Con la exigencia de cumplir íntegramente su jornada laboral les bajaron sus sueldos y la plantilla estalló. Ante sus protestas, la empresa reaccionó negativamente y despidió de forma inmediata a los ocho de los trabajadores afectados por la medida. El resto de la plantilla decidió apoyar mayoritariamente a sus compañeros e hicieron una declaración de huelga. Era 5 de febrero. Al día siguiente, la compañía decidió despedir a 140 trabajadores más. Fue el detonante definitivo para que la protesta se extendiera como un reguero de pólvora por toda la zona industrial barcelonesa.

Y una protesta aparentemente local acabó convirtiéndose en una huelga general que puso contra las cuerdas al Gobierno de la nación, que ante el cariz que estaban tomando los acontecimientos, decidió actuar.

Huelga general

A la movilización se habían sumado mayoritariamente los trabajadores de los transportes públicos, de los trenes y de los tranvías, y los de las empresas de agua, gas y electricidad, además de las empresas del sector textil, verdadero motor de la industria catalana de la época. El Gobierno intenta controlar las calles, moviliza a todos los policías y guardias civiles disponibles y saca al Ejército. Pero la protesta es imparable. Se producen varios enfrentamientos callejeros que terminan con víctimas mortales, que no hacen más que encallar y complicar la situación.

Tras 44 días de huelga, el Gobierno español presidido por el conde Romanones decide cerrar la crisis. Aprueba el real decreto que instaura oficialmente y en todo el territorio nacional la jornada laboral de ocho horas y reconoce por vez primera a los sindicatos como interlocutores válidos para cualquier negociación de los trabajadores en el futuro. Era 3 de abril. A mediados de mes, el 17, quedan en libertad los encarcelados por los enfrentamientos en las calles, los huelguistas son readmitidos sin represalias y los ocho trabajadores despedidos vuelven a su puesto de trabajo. Éstos lograron que La Canadiense les abonara la mitad de los días de huelga perdidos, otro hecho inédito hasta ese momento, pero el premio gordo resultó ser la aplicación oficial de la jornada de ocho horas.

Desde entonces, este logro –del que ya había precedentes en Nueva Zelanda, Australia o Estados Unidos, pero únicamente en fábricas o gremios concretos– se fue extendiendo por todo el planeta hasta llegar a nuestros días.

Un origen industrial

La Revolución Industrial provocó uno de los mayores saltos económicos y sociales de la historia de la Humanidad hasta ese momento. Creó una nueva clase social, el obrero, disparó definitivamente el poder de la burguesía y cambió el mundo. En los primeros tiempos, la mano de obra de las fábricas sufría una verdadera explotación, con jornadas que se podían extender hasta las 16 horas, seis días a la semana. Fue un industrial escocés, Robert Owen, el que apostó por las ocho horas de trabajo en sus fábricas de New Lanark, lo que convirtió a suS trabajadores en unos privilegiados de la época. Hasta mediados del siglo XIX, Reino Unido no concedió la jornada laboral diez horas, pero lo hizo sólo para mujeres y niños. En 1848, Francia dispuso una ordenanza de 12 horas, y gracias a ello logró estandarizarlo en el resto de países desarrollados. Wellington, capital de Nueva Zelanda, fue la primera ciudad en establecer las ocho horas en 1840, aunque sólo se aplicaba al gremio de carpinteros.