Soluciones para una lacra

En España calculamos que de las 500.000 empresas –200.000 pymes y 300.000 autónomos– que han cerrado desde que se inició la crisis, al menos un tercio lo ha hecho debido a la morosidad en los pagos a proveedores. Para reducir de forma efectiva esta lacra, desde la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) proponemos generalizar la medida del IVA de caja a todos los tamaños de pymes y autónomos sin excepción. La medida aprobada por el Gobierno el pasado viernes en el Consejo de Ministros puede ser contraproducente para las empresas que facturan menos de dos millones de euros por el hecho de que su potencial cliente puede preferir contratar a las empresas que siguen funcionando con el tradicional criterio de devengo en vez de con el nuevo de caja, para así poder continuar pagando a su proveedor mucho después de comprar el producto o de recibir el servicio prestado. Esto es, las empresas que se acojan podrían perder clientes.

De no ser así, lo adecuado sería aplicar el principio de inversión del sujeto pasivo en la liquidación del IVA, es decir, que el deudor sea el que pague el IVA de las facturas no cobradas. Esta iniciativa podría ser una solución factible para que todas las empresas no se vean obligadas a anticipar el IVA de las facturas que aún no han cobrado, unos 800 millones de euros anuales, según fuentes oficiales.

En lo que se refiere al anuncio del Gobierno sobre que impondrá multas a las administraciones morosas, pedimos que esta medida se haga extensiva al sector privado a través de un régimen sancionador entre empresas que normalice los pagos con multas ejemplarizantes de hasta 900.000 euros.

También creemos necesario implantar medidas no coercitivas de intermediación extrajudicial, como la figura del mediador, que tanto éxito cosecha en Francia; acabar con el trato de favor de los subcontratistas derogando el artículo 228 del Texto Refundido de la Ley de Contratación Pública; que haya un mecanismo que asegure que los contratistas paguen a sus subcontratados; y crear el Observatorio contra la Morosidad, que contempla la participación activa y explícita de la PMcM, y cuya puesta en marcha permitiría conocer con rigurosidad el comportamiento en los pagos en nuestro país.