Stop a las inversiones

El éxito en las urnas de los partidos auspiciados por Podemos ahuyenta a los inversores extranjeros, que sienten pavor ante lo desconocido.

En «stand by», por el miedo a lo desconocido. Todavía no hay luces rojas, pero sí de color ámbar. De emergencia. Mientras la maquinaria de los partidos echa humo en busca de coaliciones con las que poder gobernar en municipios y comunidades, el dinero tiende a ser precavido. Y el parón de la inversión ha hecho saltar las alarmas. El giro hacia la izquierda que ha experimentado el mapa político español ha caído como un jarro de agua fría sobre los inversores, que huyen de la inestabilidad y han congelado sus decisiones. La certidumbre y la tranquilidad son el mejor caldo de cultivo y la irrupción de nuevos partidos que aún no han demostrado su capacidad de gestión y anuncian medidas que contravienen la realidad jurídica genera desasosiego. Es evidente que la impredicibilidad de la política tendrá consecuencias más nocivas de las que, a priori, podría parecer.

España ha dejado atrás la excepcionalidad que representaba en el contexto político europeo en cuanto a la existencia habitual de mayorías absolutas. Pese a que la nueva situación no sea extraordinaria en el Viejo Continente, las victorias contundentes en las urnas tradicionalmente se han visto como elemento de estabilidad en las políticas de austeridad. Los resultados electorales del 24 de mayo cuestionan la continuidad de las reformas estructurales o, al menos, su velocidad y flexibilidad.

A la expectativa de saber qué ocurrirá, los fondos internacionales muestran preocupación y recelo. Lejos de una fuga de capitales, la cautela abandera las estrategias. Desde la City y los principales centros financieros, temen un país difícil de gobernar y la fragmentación del mapa político sacude los mercados. Un posible Gobierno poco disciplinado y reformista podría disparar la prima de riesgo y descarrilar un tren que comenzaba a coger velocidad.

No se trata de un simple cambio de Ejecutivo. El ciclo político que se avecina podría modificar las reglas del juego, caso en el que «sería razonable una postura de esperar y ver a fin de tomar las estrategias de inversión que resulten más coherentes con un eventual nuevo escenario». Javier Flores, responsable del Servicio de Estudios y Análisis de la Asociación Europea de Inversores Profesionales (Asinver), asegura que España no sólo ha hecho méritos suficientes para seguir recibiendo inversión, sino que crecerá al margen de quien gobierne.

Tras los comicios y el éxito de los movimientos liderados por Manuela Carmena y Ada Colau, se esperan subidas de impuestos y paralizaciones de obra pública, medidas que impactarían en el crecimiento y la seguridad jurídica. Daniel Lacalle, economista y autor de «Viaje a la Libertad Económica» y de «La Madre de Todas las Batallas», comenta que varios inversores le han confesado caídas, fundamentalmente en activos inmobiliarios, del 10% por la urgencia en vender. «Es normal que se frenen operaciones como consecuencia de las posturas intervencionistas y confiscatorias. Hay que poner la propiedad privada y la seguridad jurídica como pilares de la política». Lacalle piensa que el sector inmobiliario será el más perjudicado, pero que los pequeños comercios y las pymes también se resentirán de las subidas del IBI y del IAE. De igual modo, recuerda que las tensiones únicamente se calman si los partidos no se lanzan a hacer promesas de gasto y si se recuperan los principios de bajos impuestos, libre mercado y prudencia presupuestaria.

Aumentar de 1 a 25 millones la subvenciones al IBI de los hogares humildes; rebajar impuestos y tasas a empresas «de interés socioeconómico y firmas tecnológicas con interés social»; subvencionar los pagos de luz y agua a los vecinos que no tengan recursos para hacerlo; crear un banco público para financiar proyectos sociales... ¿Hasta qué punto el programa de Ahora Madrid aumentaría el gasto municipal? ¿Qué impacto podría tener la puesta en marcha de las medidas que defiende Barcelona en Comú? Lacalle destaca que estas propuestas son las de siempre: gastar, subir impuestos a los eficientes para subvencionar a los que ellos deciden arbitrariamente. «Se llama rentismo. Medidas que detraen capital y, por tanto, empobrecen, porque el umbral de “rico” lo van bajando hasta que esas veleidades las pagan las familias y las pymes».

Además de las principales ciudades de España, Madrid y Barcelona constituyen los epicentros del terremoto electoral. A Lacalle no le cabe ninguna duda de que en estas urbes, a partir de ahora, habrá menos inversión extranjera, mayor gasto e impuestos más elevados. Estos partidos «son especialistas en redistribuir la miseria, pero no ofrecen una sola alternativa para crear riqueza y atraer capital», apostilla. En cualquier caso, parece exagerado pensar que la recuperación y futuro económico de España vayan a depender de la recogida de basuras en la capital o del alumbrado de las calles de la Ciudad Condal. «Las inversiones llegan donde hay posibilidad de invertir. El inversor no tiene miedo al color del político sino a la arbitrariedad e incertidumbre». Flores señala que se pretende extrapolar a nivel nacional los resultados municipales, obviando el efecto de la ley electoral y de las circunscripciones provinciales. «Efectivamente, viene un cambio. Pero no será radical, sino un condicionamiento o modulación dentro del actual sistema».

El frenazo se ha producido en los ámbitos que tienen un mayor riesgo regulatorio o que pudieran depender de la voluntad política. Los sectores más perjudicados serán aquellos que basaban parte importante de sus previsiones en privatizaciones o desinversiones estatales –gestión hospitalaria–, sectores regulados –eléctrico y bancario–, o las dependientes de inversión pública –constructoras–.

Lejos de que en marzo entraran en España 1.600 millones de euros en inversiones directas, los inversores sacaron de nuestro país 19.400 millones –frente a los 900 millones que inyectaron en el mismo mes de 2014–. Desde el Banco de España explican que las salidas netas generadas por las inversiones de cartera se debieron a las desinversiones de no residentes en España y, principalmente, al incremento de las inversiones de residentes en el exterior. La posición deudora neta del Banco de España respecto al exterior se amplió en marzo hasta los 16.600 millones de euros. Flores sostiene que en el presente hay una elevada volatilidad, abundante liquidez y numerosas incertidumbres, aunque cree que el futuro es prometedor. «Un elemento interesante es el de la recuperación del sector inmobiliario», añade.

¿Amenaza para la seguridad jurídica?

En el aire y con alguna remota posibilidad de que sus contratos se desvanezcan, las grandes constructoras se juegan unos 8.000 millones de euros con la irrupción de los partidos de corte populista, ya que entre sus propuestas destaca la recuperación de la gestión pública de servicios municipales externalizados como el alumbrado o la recogida de basuras. El auge del populismo y, sobre todo, la posibilidad de deshacer la vigencia de los contratos de suministro incendia la seguridad jurídica, uno de los principales acicates para la captación de inversores. Flores duda que alguien se plantee la ruptura unilateral de los contratos, pues daría lugar a indemnizaciones millonarias y abonaría las incertidumbres e inseguridades. No obstante, parece razonable pensar que examinen tanto posibles sobrecostes como su correcto cumplimiento, lo que abriría la puerta a un proceso de negociación en el que, posiblemente, «las concesionarias se verían en la necesidad de aceptar una revisión de los actuales contratos, sin perjuicio de que no estaría asegurada la renovación de los actuales». En cualquier caso, el responsable del servicio de Estudios y Análisis de Asinver considera que los resultados de las elecciones autonómicas y municipales no afectará a la seguridad jurídica que se ofrece a los inversores en nuestro país, «tanto por la propia estructura institucional de España como por nuestra pertenencia a la Unión Europea».