Una de cada cuatro viviendas de uso turístico es clandestina

En España hay 250.000 casas para este fin. Pese a las restricciones al sector para frenar los precios de los alquileres, en ciudades como San Sebastián los arrendamientos se han disparado un 20%.

El sector de las viviendas de uso turístico (VUT) ha dado grandes pasos hacia su normalización normativa en los dos últimos años. Pero, a pesar de ello, el porcentaje de inmuebles destinados a este fin que siguen operando al margen de la ley es elevado. Según los cálculos de la Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos (Fevitur), en España hay unas 250.000 casas de este tipo. De ellas, 186.000 operan dentro de la legalidad. El resto, un 26%, en la clandestinidad.

Pese a tratarse de un porcentaje todavía alto, la normalización normativa que está viviendo el sector en los últimos años está permitiendo que su número se reduzca con rapidez, según apunta el presidente de Fevitur, Tolo Gomila. «Al establecerse un marco legal claro y definido para operar, se está favoreciendo esta reducción tan rápida de las viviendas ilegales», explica.

En los dos últimos años, se han aprobado medidas que, en opinión de Gomila, han contribuido a normalizar la situación del sector al eliminar algunas de las dudas más importantes que existían sobre su legalidad. Se les ha dotado de transparencia fiscal con la modificación de la Ley General de Tributos Estatales, que les obliga a comunicar a la Agencia Tributaria los datos sobre el propietario del inmueble, la referencia catastral y los ingresos. También de mayor seguridad, al estar obligados, como los establecimientos hoteleros, a remitir una ficha con los datos de los inquilinos a la Dirección General del Ministerio del Interior. Y, además, la modificación de la Ley de División de Propiedad Horizontal, que otorga a las comunidades de propietarios la posibilidad de vetar este tipo de establecimientos si así lo deciden 3/5 de los vecinos, permite a los dueños de viviendas habituales de un inmueble tener el control sobre una convivencia que ha generado muchas fricciones en algunos puntos de España.

Pero a pesar de esta «normalización normativa», como la define Gomila, la presión ciudadana por estos problemas de convivencia vecinal y la presunta presión que ejercen estos alojamientos sobre el precio de los alquileres están llevando a algunos ayuntamientos a tomar medidas restrictivas que, según Fevitur, se están demostrando ineficaces. La patronal asegura que en San Sebastián, por ejemplo, la oferta de VUT se ha reducido un 45% por la restrictiva regulación aprobada por su consistorio. Sin embargo, tal movimiento no se ha trasladado a los precios. Según sus datos, entre julio de 2018 y 2019, los precios del alquiler residencial se han incrementado un 20% en esta ciudad. En Mallorca, que no permite que los pisos se usen como VUT, la reducción de la oferta en un 65% se ha traducido en pérdidas para la hostelería del 25%, según ha denunciado el sector.

Ningún estudio ha demostrado de forma concluyente que haya una relación directa entre la proliferación de pisos turísticos y el incremento de los precios del alquiler en una zona de gran concentración de VUT. Fevitur sostiene que su incidencia sobre los precios está ligada a su peso sobre el total del parque de vivienda destinada al arrendamiento. Y el porcentaje de viviendas turísticas sobre este total es, según Gomila, muy escaso. Según sus datos, en Madrid, las 11.000 viviendas de uso turístico apenas representan el 0,79% sobre el parque residencial. Algo más elevado es en otras grandes ciudades, aunque sigue siendo muy limitado. En Barcelona del 2%; en Palma de Mallorca, del 1,2%; en Valencia, del 2,2%; y en las Islas Canarias, del 3,3%. ç

El problema de los precios, según Tolo Gomila, tiene otro origen. «En Madrid, por ejemplo, el 16% del parque de viviendas está vacío. Lo que el ayuntamiento debería hacer es estimular a sus propietarios para que salgan al mercado y así se reduzcan los precios», explica. Su argumento discurre paralelo al de la mayoría de los expertos del sector inmobiliario. Contra la petición de algunos partidos como Podemos, que piden limitar el precio del alquiler, aseguran que la forma de que se reduzcan los arrendamientos es incrementar la oferta proporcionando seguridad jurídica al propietario e incentivos fiscales.