Vía libre de diez países al impuesto sobre las operaciones financieras

Alemania, Bélgica, España, Francia, Grecia, Italia y Portugal son algunos de los países que han definido las características de la denominada «tasa Tobin»

La tasa sobre transacciones financieras en Europa, la conocida como tasa Tobin, va avanzando tímidamente. Diez países europeos, entre ellos España, dibujaron ayer las líneas maestras de lo que será esta tasa. Después de que la Comisión Europea propusiera su creación en 2013 y se esperara su aprobación a finales del año pasado, ya el próximo mes de junio se estima que se llegará a un acuerdo. En mayo, los titulares de la cartera de Economía de 11 países consiguieron alcanzar al menos acuerdos sobre cómo aplicar los principios de residencia y emisión en la definición de la tasa Tobin. Ayer los ministros eran diez, después de que Estonia se desmarcara del proyecto. En el marco de la reunión del Ecofin acordaron las características generales, que tendrían que contener el gravamen tanto en relación a las transacciones de acciones como de derivados. Los países que mantienen su trabajo para poder acordar la tasa Tobin son Alemania, Austria, Bélgica, España, Francia, Grecia, Italia, Portugal, Eslovaquia y Eslovenia.

Entre los grandes países europeos el más contestatario, aunque no pertenece al equipo de trabajo, ha sido Reino Unido, en un momento en el que las negociaciones del gravamen coinciden con las negociaciones que mantiene el país para mejorar su relación con la Unión Europea, antes de votar el referéndum sobre su pertenencia a la Unión Europea. Por ello, el ministro británico, George Osborne, pidió más concreción sobre la propuesta y que su implementación no afecte a más países que a aquellos que la adopten. «Si la propuesta tiene impacto en Reino Unido o en otro Estado miembro, o sobre el mercado único, desgraciadamente tendremos que acabar en los tribunales», amenazaba. España o Alemania trataban de suavizar el gravamen. El ministro de Economía y Competitividad, Luis De Guindos, se congratulaba de que una de las exigencias españolas se hubiera tenido en cuenta, como la exclusión de los derivados de deuda pública. Su homólogo alemán, Wolfgang Schaüble, reconocía que la tasa Tobin es una consecuencia lógica de la crisis económica, la necesidad de establecer marcos normativos. España podría ahorrar 5.000 millones de euros al año, según los cálculos preliminares de la Comisión Europea. Los cálculos se realizaron en función de la contribución al PIB de los países que crearán la tasa. En el caso español es de alrededor del 14,05%, con lo que su recaudación oscilaría entre los 4.000 y 5.000 millones anuales. En el caso de Alemania, que aportaría el 30,57% al PIB de los once, podría ingresar hasta 11.000 millones de euros.