No parece, aunque sea entrar en juicio de intenciones, que al Gobierno socialista le interese otra cosa del Partido Popular que no sea su plácet para la renovación del Consejo General del Poder Judicial y de otros organismos del mismo ámbito jurídico. Al menos, así se desprende de la interpretación, poco cordial, que ofreció ayer la portavoz gubernamental, María Jesús Montero, del contenido de la reunión que mantuvieron el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el líder de la Oposición parlamentaria, Pablo Casado.

Sobran, pues, tanto las admoniciones sobreactuadas sobre la supuesta voluntad de bloqueo del PP como las acusaciones pueriles de tomas de rehenes institucionales que, no lo olvidemos, sólo describen la realidad de un Gobierno sostenido en minoría y condicionado por unos aliados de circunstancias, los partidos separatistas, que tienen su propia agenda política, no, precisamente, orientada al interés general de la nación.

Así, cabría preguntarle a la ministra Montero si no cree que las demandas explícitas de los nacionalistas catalanes de que se desautoricen las sentencias de los tribunales, que vienen reforzadas por la propuesta socialista de modificar el delito de sedición, son causa razonable de la desconfianza de la Oposición ante un proceso que, entre otras cuestiones, supone la recomposición del Tribunal Constitucional, que, hasta ahora, se ha mostrado unánimemente impertérrito frente a las intentonas golpistas en Cataluña. Por no hablar, claro está, del escandaloso nombramiento para la Fiscalía General del Estado de una exministra y diputada del PSOE como Dolores Delgado, acogido con asombro y rechazo por todas las asociaciones de jueces y fiscales.

Incluso, podría plantearse la ministra Montero si Pablo Casado serviría mejor a la voluntad de sus votantes, expresada en las urnas, legitimando una mesa de diálogo con los mismos partidos separatistas que se mantienen en el objetivo de la autodeterminación de Cataluña, exigen un relator internacional y condicionan cualquier acuerdo a la celebración de un referéndum vinculante que lesionaría de manera irreversible el principio de la soberanía nacional.

Pero es que, además, no es cierto que el líder de la oposición se haya cerrado a cualquier acuerdo con el Gobierno. Pablo Casado ofreció ayer a Pedro Sánchez facilitar la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para las dos próximas legislaturas con dos condiciones que parecen evidentes: renunciar a la tutela de los independentistas para volver a la senda del imperio de la ley y reorientar la política económica hacia la reducción del gasto público y una fiscalidad que no lastre el mercado de trabajo. Pretender, como hizo la ministra Montero, que la oposición respalde sin más, porque el PSOE lo vale, una estrategia presupuestaria basada en el incremento del gasto público que siempre se ha demostrado ineficaz y que deja a los actores sociales sin capacidad de reacción ante un deterioro del ciclo económico no pasa de ser un brindis al sol, apenas útil para la propaganda. Con el agravante de que algunas de las peticiones que le hizo ayer Casado al presidente del Gobierno figuraban en el programa electoral socialista de manera destacada. Por ejemplo, que la convocatoria de referendos ilegales se incluyera como delito en el Código Penal.

Así, la tan proclamada voluntad de diálogo del Ejecutivo socialista se desvanece al primer contacto con la realidad, como, sin duda, tendrán tiempo de experimentar los nacionalistas catalanes. Pedro Sánchez hizo su elección cuando decidió apoyarse en la izquierda comunista y en los republicanos de ERC para llegar a La Moncloa y será con estos mimbres con lo que deberá tejer el cesto del Presupuesto. Pero si quiere un cambio de alianzas, nada le impide intentarlo.