Quince días para elaborar el “plan b”

No parece, a tenor de sus intervenciones parlamentarias, que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sea consciente de que la autorización que le concedió ayer el Congreso para prorrogar el estado de alarma está sujeta a un plazo perentorio y a la desvinculación de la gestión de la emergencia sanitaria de las medidas económicas que impone la grave crisis laboral y empresarial que atraviesa nuestro país. Al menos, esas fueron las condiciones pactadas con Ciudadanos y con los grupos canarios, que se han demostrado determinantes, ante el abandono de algunos de sus aliados de investidura.

Tiene, pues, el jefe del Ejecutivo tiempo suficiente para adecuar la batalla contra la pandemia con la panoplia de instrumentos legales previstos en nuestro ordenamiento constitucional, menos lesivos para los derechos fundamentales, y con el acuerdo con las autoridades autonómicas, que son las que, en última instancia, deberán pilotar la vuelta a la normalidad, una vez establecido que el proceso debe ser asimétrico, a medida que los indicadores sanitarios de las diferentes provincias vayan dando la luz verde. Le guste o no al jefe del Ejecutivo, España se ha conformado bajo el estado autonómico y es preciso aprovechar sus ventajas, una vez que se ha demostrado que el vaciamiento de las competencias en Sanidad, con un Ministerio del ramo sin las atribuciones de gestión esenciales, han restado eficacia a la centralización del mando.

Visto lo visto, hubiera sido preferible otro modelo de dirección, más codependiente con las distintas consejerías autonómicas, pero ya no es tiempo de lamentaciones si no de enmendar los errores cometidos. Más aún, cuando una de las claves del éxito en la eliminación de la amenaza de un rebrote infeccioso estribará en que los sistemas de atención primaria de las distintas comunidades sean capaces de dar una alerta temprana. Y, ahí, es donde el Gobierno de la nación debe proporcionar los medios, personales y materiales, adecuados y, en todo caso, coordinar la información. No queremos pecar de ingenuos cuando planteamos una reorganización conceptual, autonómica, de la lucha contra la pandemia, pero estamos convencidos de que, incluso, aquellas administraciones gobernadas por partidos de corte nacionalista, cerrarán filas en el empeño. Otra cuestión, y no menor, se planteará a la hora de abordar el proceso de reconstrucción económica, necesariamente dirigido por un Ejecutivo que no puede confiar excesivamente en mantener los mismos apoyos que le llevaron al poder. En este sentido, el Ejecutivo que preside Sánchez, pese a su recurrente estrategia de la zanja partidaria frente a la derecha –que no le ha servido para retener los votos de ERC ni de JxC–, debería reconocer en lo que vale tanto la abstención, ayer, del Partido Popular, mal comprendida por sus bases, como el respaldo de Ciudadanos, también recibido con dudas por sus electores, y abrirse a la inaplazable negociación del proceso de reconstrucción económico y social con las formaciones de la oposición.

En cualquier caso, y dado que las actuales circunstancias van a demostrar la inutilidad de los voluntarismos, Sánchez debería acogerse a principio de precaución y tender puentes sólidos con los partidos constitucionalistas. Para ello, es importante que el presidente entienda el sentido del voto de ayer en el Congreso y prepare el plan alternativo a una cada vez más problemática solicitud de prórroga del estado de alarma. España entra en una fase crucial en la lucha contra las consecuencias de la pandemia, que ya ha destruido buena parte de su tejido productivo, lo que va a exigir el esfuerzo de todos. Y, como hemos comprobado, no tiene, precisamente, un Gobierno con la solidez parlamentaria que demanda lo difícil de la situación.