Madrid, en manos de ERC y el PNV

La comparecencia sabatina del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, trajo novedades, algunas, llamativas, otras, ciertamente inquietantes. Entre las primeras, cuando apuntó el esbozo del nuevo relato de la pandemia, que veremos ilustrar los argumentarios de la izquierda, y que, en resumen, viene a explicar que no es tanto que España haya tenido que lamentar 28.000 muertes, como que, gracias a la acción del Ejecutivo socialista, se han salvado las 300.000 vidas que se hubieran producido de seguir la política de la «inmunidad de rebaño». Al parecer, que ni en nuestro país ni en la inmensa mayoría de las naciones más afectadas por el coronavirus nadie hubiera propugnado tal política –sólo se hicieron algunas referencias teóricas, y pronto desechadas, en Reino Unido– carece de la menor relevancia. No así, que esa ficción palidezca frente al recuerdo, aún vivo, de las urgencias desbordadas, la elección a vida o muerte de qué pacientes ingresaban en unas UCI saturadas, del abandono de las residencias de ancianos y del contagio masivo del personal sanitario, falto de medidas de protección y, sobre todo, de avisos de alerta temprana del sistema de prevención y emergencia epidemiológica del Ministerio de Sanidad.

Pero, ya decimos, ni esa insistencia en nuevos argumentos para justificar la nueva prórroga del estado de alarma, que se alargaría hasta finales del próximo mes de junio, ni el discurso maniqueo del jefe del Ejecutivo socialista, que acusa a los partidos que no secunden su propuesta de inútiles, irresponsables y poco interesados en salvar vidas, deben preocupar tanto a la opinión pública como la posibilidad anunciada por Sánchez de que la aplicación de esa medida de excepción puede llevarse a cabo de manera asimétrica, como las fases de desescalada. Es decir, que unas comunidades autónomas podrían seguir bajo el estado de alarma mientras que otras podrían volver a la normalidad institucional. Desde un punto de vista jurídico, podría darse esa asimetría, puesto que la norma constitucional no lo prohíbe expresamente, pero política e institucionalmente entraríamos en un terreno pantanoso, feraz para el agravio comparativo, por no entrar en juicio de intenciones, y que dejaría a las comunidades afectadas bajo la supresión de facto de sus competencias.

Basta con ponerse en el lugar de la Comunidad de Madrid, gobernada por el centro derecha, si a expensas de unas decisiones técnicas, cuyos informes justificativos no se hacen públicos, viera alargarse su situación de estado de alarma gracias a que el Ejecutivo cuenta con el apoyo parlamentario de los nacionalistas del PNV y de ERC. Si a efectos sanitarios puede ser aceptable el trato desigual entre territorios, que es lo que significa la dichosa asimetría, cuando entran en juego los derechos fundamentales y la capacidad decisoria de las actuaciones económicas y fiscales de una comunidad autónoma nos hallamos ante un escenario, cuando menos, desestabilizador. Hemos citado Madrid, como es lógico, porque es la comunidad que mantiene serias discrepancias con la decisión del Gobierno para mantenerla en la primera fase del desconfinamiento, pero, según la evolución de la pandemia, sujeta a la posibilidad de un rebrote de contagios, podría afectar en el futuro a cualquier otra región. Con estos presupuestos, no creemos que sea lo más indicado aceptar una nueva prórroga del estado de alarma, ni por un mes ni por quince días, especialmente, cuando la bondad o no de la medida no parece estribar para algunos representantes nacionalistas en su eficacia como instrumento contra la extensión de los contagios como en si sirve de palanca o de transacción para conseguir una mesa negociadora bilateral, donde lo que está en juego no es, precisamente, el maldito coronavirus.