La alergia de Podemos a la libertad

No dice mucho en favor del actual ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que es juez de profesión, que los distintos tribunales de Justicia hayan tenido que intervenir para garantizar el derecho de manifestación, constreñido por unas decisiones ministeriales que los magistrados actuantes han considerado, cuando menos, como desproporcionadas. Entienden los jueces, como los del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que Interior, al actuar en base a meras conjeturas, produce una quiebra clara del derecho fundamental de reunión y manifestación pacífica, amén de crear «un peligroso precedente», y argumentan que tras dos meses y medio de prórrogas del estado de alarma, la situación de la pandemia ha evolucionado favorablemente, con lo que no se justifica el mantenimiento de las estrictas medidas de reclusión y control de los ciudadanos.

Las resoluciones afectan tanto a las demostraciones de protesta convocadas este sábado en una docena de ciudades de toda España por el partido VOX, organizadas por medio de caravanas de automóviles, como a las que ha convocado simultáneamente el Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE), en defensa del trabajo y en demanda de un plan urgente contra la emergencia social. En definitiva, nada que suponga otra cuestión que la restauración, siquiera parcial, de los derechos políticos y sociales de los ciudadanos, que, como es sabido, deben seguir unos cauces de expresión pacíficos y en concurrencia con los derechos de los demás.

No se trata aquí de apoyar o rechazar las razones de las protestas convocadas, ambas legítimas, por cuanto responden a las preocupaciones ciertas de amplios sectores de la población, sino de reclamar de todos, pero, especialmente de las autoridades policiales, la máxima responsabilidad en la conducción de las manifestaciones, puesto que el riesgo de contagio no ha desaparecido de nuestras ciudades. Y, también, de advertir al núcleo más radical del Gobierno contra la tentación de hacer de las calles otro escenario más de la actual polarización política y social, alentando el acoso de quienes critican la gestión de la crisis llevada a cabo por el Ejecutivo o, simplemente, reclamar el final de las medidas de excepción.

Creemos pertinente hacer esta advertencia ante los llamamientos en las redes sociales que están llevando a cabo grupos de extrema izquierda y antisistema, englobados en esa otra forma de fascismo que es el «antifascismo», muchos de los cuales mantienen vinculaciones de antiguo con Unidas Podemos, que pretenden impedir el derecho de protesta de quienes no piensan como ellos. Nada tendríamos contra una manifestación de extremistas de izquierdas en apoyo al Gobierno, pero una cosa es salir a la calle a expresar unas ideas, las que sean, y otra muy diferente reventar la libertad de los demás. Si nos preocupa la situación, y mucho, es por la experiencia de violencia de esos grupos antifascistas, para quienes el diálogo tiene connotaciones burguesas. Además, no es pequeño el riesgo de que otros grupos minoritarios de signo contrario, pero igualmente violentos, se sientan llamados a las convocatorias, convirtiendo el espacio público en zona de confrontación. Que el propio vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, se haya referido veladamente a la política de la represalia y el escrache no contribuye, precisamente, a la tranquilidad. Comprendemos la incomodidad del Ejecutivo ante la oleada creciente de las protestas por su gestión, pero forma parte de la normalidad democrática de cualquier país que respete los derechos civiles y, sinceramente, no creemos que en esa «nueva normalidad» que nos predica el presidente Pedro Sánchez vayan a cambiar las cosas.