Abogacía del Estado, no del Gobierno

La jefa de la sección Penal de la Abogacía del Estado, Rosa María Seoane, –que ocupa el cargo desde que fuera fulminantemente destituido su antecesor, Edmundo Bal, por negarse a rebajar el tipo penal a los, luego, condenados por la intentona golpista en Cataluña– ha presentado un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid contra el auto de procesamiento incoado por la juez Carmen Rodríguez-Medel, en el que está penalmente imputado por prevaricación el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco. El asunto tendría la normal relevancia si no fuera porque en el escrito de la abogada del Estado se vierten afirmaciones que suponen un inaceptable juicio de intenciones contra la magistrada actuante, a la que se acusa no sólo de promover, nada menos, que una «causa general contra el Gobierno» por la gestión de la pandemia, sino de llevar a cabo un procedimiento prospectivo, en lugar de partir de indicios preexistentes de delito.

Dado que, por el momento, no figuran en la instrucción exhortos o diligencias que permitan aventurar otras imputaciones de cargos públicos que la del investigado, y dado que el delito de «prevaricación por omisión» se encuentra ampliamente respaldado por la jurisprudencia, es lícito interpretar que la abogada Seoane no defiende tanto a su cliente, como establece una defensa preventiva, muy precoz, de los miembros del Ejecutivo, a los que, suponemos que por intuición profesional, considera en peligro de ulteriores imputaciones penales.

Aunque forma parte de las reglas del juego que la Abogacía del Estado actúe como un mero instrumento jurídico del gobierno de turno, lo cierto es que el escrito de apelación de la letrada Seoane roza peligrosamente la descalificación profesional de la magistrada, que se halla en pleno procedimiento instructor, reclamando los informes, documentos y testimonios que considera imprescindibles, para mejor servicio de la Justicia. Que la abogada Seoane insinúe un exceso de celo, ¿doloso?, en la celeridad de la actuación de la juez, sería risible, sino fuera por la realidad de la tragedia que está viviendo la sociedad española. Con todo, lo peor es ver cómo el Gobierno que preside Pedro Sánchez no duda en utilizar todos los medios a su alcance para deslegitimar unas actuaciones judiciales que, sin prejuzgar responsabilidades, responden a unos hechos de la máxima gravedad para el conjunto de la sociedad española.

No sólo lo hemos visto en la feroz campaña desatada contra la magistrada Rodríguez-Medel, sino en el esfuerzo, digno de mejor causa, con que los medios gubernamentales y afines tratan de desvirtuar el contenido de supuestos informes de la Guardia Civil, que, por otro lado, no son más que uno de los elementos de juicio que ayudarán a conformar el criterio de la magistrada. La inicua destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos, precisamente, por negarse a incumplir la ley, ejecutada por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, escudado tras excusas pueriles, cuando no ofensivas contra la inteligencia natural de la población, desvela, sin embargo, la mala conciencia de un Gobierno que, pese a contar con avisos tempranos y con la información adecuada por parte de los servicios de alerta sanitarios, prefirió dejarse llevar por sus prejuicios ideológicos e impulsó las manifestaciones feministas del 8 de marzo. Serán, a la postre, las distintas actuaciones judiciales abiertas las que establecerán la verdad procesal, neutral por definición, de las conductas de nuestros gobernantes. Pero, para la inmensa mayoría de la opinión pública, el veredicto de aquellos días ya está dictado y, por supuesto, no es muy favorecedor de la actuación del Gobierno, que, en lugar de procurarse el silencio de los servidores del Estado, debería pedir disculpas.