Cada decisión de Sánchez, un conflicto

Aunque viene siendo una constante en la gestión gubernamental de la pandemia los cambios de criterio y las rectificaciones, algunas clamorosas y dictadas, simplemente, como el uso de las mascarillas, para hacer virtud de la necesidad, ayer los presidentes autonómicos se encontraron con una nueva mudanza a costa del reparto de los 16.000 millones de euros del fondo no reembolsable destinado a paliar los daños más urgentes provocados por la infección. Si, hasta ahora, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, había establecido como principio el grado de afectación por la epidemia sufrido por cada comunidad autónoma, lo que, a primera vista, parecía bastante razonable, ayer se decidió que primara el criterio poblacional, cuestión que supone un cambio estratégico de fondo.

Más aún, cuando el Ejecutivo ha decidido retraer 2.000 millones del dinero comprometido para hacer inversiones en el campo de la Educación, medida, sin duda, loable, pero que nada tiene que ver con los fines anunciados. No se trata de entrar en el estéril capítulo de los agravios territoriales, puesto que, como reconoció el propio Sánchez, las finanzas públicas son las que son y dan para lo que dan, sino de reclamar una política coherente con la emergencia que vive España que, no lo olvidemos, es de origen sanitario, por más que haya acabado por trastornar todos los presupuestos económicos. En este sentido, si los gastos en Sanidad incurridos por las comunidades en la lucha contra la pandemia se diluyen por el número de habitantes, es evidente que Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, La Rioja y Madrid van a verse perjudicadas con respecto a regiones como Andalucía o la Comunidad Valenciana, que se vieron menos castigadas por la infección.

Así se lo hicieron notar varios presidentes autonómicos al jefe del Ejecutivo, sin que éste, al parecer, se aviniera a dar una explicación razonable. Fue significativa la contundencia del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, no sólo porque se trata de un correligionario de Sánchez, sino porque expresó la perplejidad de quien ha tenido que hacer un sobreesfuerzo notable en la inversión sanitaria, porcentualmente en parangón con Madrid o Cataluña, y que, ahora, se ve castigado por el enésimo cambio de criterio. Y, por supuesto, nadie pone en duda que haya que mejorar las inversiones en materia educativa, aunque la OCDE señala el caso español como uno de los que más invierte en la enseñanza pública y menos rendimientos obtiene, pero no parece que sea a costa de retraer los fondos de Sanidad, especialmente, cuando desde el Gobierno no se deja de advertir de que la epidemia del coronavirus no está vencida y, además, se corre el riesgo de un rebrote general para el próximo otoño. No está en nuestro ánimo especular, pero no queremos dejar de recordar que Unidas Podemos, el partido aliado con el PSOE, ha presentado varios proyectos para «reforzar» la educación pública, con profesores de apoyo de carácter marcadamente ideológico, que supondrían un aumento del gasto.

Es cierto que los 16.000 millones de euros que están en juego apenas son un dique de arena frente a la marea de la pandemia, pero, cuando menos, ayudarían a las comunidades a pagar lo invertido y a preparar el sistema sanitario para eventuales problemas. Con todo, como señalábamos al principio, lo peor es la sensación que crece entre la opinión pública española de que la improvisación, a caballo de una propaganda asfixiante al servicio del Gobierno, es el eje que ha marcado la gestión de La Moncloa a lo largo de toda esta tragedia. Y que cada decisión de Pedro Sánchez acaba por generar un conflicto. Dado que, esta vez, la denuncia proviene de alguien que forma parte de las filas socialistas, como Emiliano Garcia Page, es de esperar que Sánchez no despache el asunto con el socorrido «son cosas de fascistas».