Con la Corona nos jugamos la libertad

En plena pandemia –o tal vez por ella– con más de 40.000 personas fallecidas y una cifra superior a los 50.000 sanitarios contagiados, las preocupaciones de Unidas Podemos, socio en el Gobierno, no se han centrado exclusivamente en salvar vidas y en preparar al país para que la recesión económica que se atisba provoque el menor de los estragos posibles. No. Como los socios de la moción de censura, ha entendido que disponer todo el poder del Estado para soportar el embate de la peor crisis de salud y financiera desde la Guerra Civil es un empeño que no agota ni satisface su imaginario ultra y antisistema. Por eso, junto a su cohorte de extremistas, independentistas y proetarras, ha reactivado su campaña contra la Corona en la persona de Don Juan Carlos.

Esa casta de intereses creados ha forjado como objetivo prioritario de su actividad política acabar con la Monarquía y de paso con el régimen constitucional que entiende como dique para sus delirios totalitarios y segregacionistas. Como en otras ocasiones, plantearon la creación de una comisión de investigación sobre lo que ellos denominan los negocios del padre del Rey a cuenta del proyecto del AVE del desierto, que conviene no olvidar fue generador de miles de empleos y benefactor de un buen número de empresas nacionales que mantuvieron elevados niveles de carga de trabajo, además de convertirse en un extraordinario emblema propagandístico de nuestro país e imán para otros contratos internacionales. El socio de Pedro Sánchez en la Moncloa conocía perfectamente que la iniciativa contaba con escasas posibilidades de prosperar porque no era la primera y la jurisprudencia marcada por el criterio de los servicios jurídicos de la Cámara era concluyente. Como así ha sucedido. Los letrados de las Cortes se han opuesto a la investigación parlamentaria sobre Juan Carlos I con el argumento ya esgrimido de la inviolabilidad del rey, que, a su juicio, se preserva incluso después de abdicar. Los expertos cierran así el paso a la treta de Unidas Podemos para que se indagara en las actividades posteriores a 2014, cuando Don Juan Carlos renunció al trono, pero la interpretación jurídica es que la inmunidad es absoluta. La iniciativa decaerá hoy con toda probabilidad en la Mesa del Congreso y no llegará ni a ser debatida.

Lo que con seguridad no declinará será el enfermizo objetivo de minar la institución más valorada por los españoles y clave de bóveda de la mayor etapa en libertad y prosperidad de nuestra historia. Porque ese es precisamente el quid de la obcecación de los auténticos adversarios de la España de la Transición su aversión a la libertad individual y todo lo que ello supone de antídoto contra un Estado cacique y despótico en el que, por ejemplo, el derecho a la presunción de inocencia sea papel mojado. Don Juan Carlos es el objetivo prioritario de sus desmanes, porque entienden que es el eslabón vulnerable para socavar a la Jefatura del Estado. Hace tiempo que sus señorías patibularias juzgaron y sentenciaron al rey padre.

Pero la Ley lo es para todos, del primero al último, sin discriminación ni agravios. De momento, los ajusticiadores tendrán que esperar a otra ocasión que esperemos no llegue. Y es también un desatino mayor que este pulso contra la Jefatura del Estado emane desde el propio Gobierno. Lo es más todavía que las tropelías del ala comunista de La Moncloa se perpetren con la condescendencia del presidente y el inquilinato socialista, que es la manera más ruin y taimada de colaborar con la cacería. En realidad es una más de la prolija nómina de aberraciones democráticas de esta bicefalia gobernante. Hablamos de traición institucional, que lo es cuando se alienta la turba política en pos de una justicia inquisitorial para que de paso la mirada esquive los cadáveres que se amontonan sin número y de los que nadie responde.