Sánchez, ante un revés premonitorio

El rechazo parlamentario a la convalidación del decreto de remanentes es mucho más que la derrota de un gobierno en minoría, es la impugnación sin paliativos de una manera de actuar en política, la que práctica el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que sistemáticamente ignora la realidad sobre la que opera. No era difícil prever este resultado. Hubiera bastado con renunciar a la imposición de una medida que la mayoría de los alcaldes consideraban confiscatoria, –que sólo salió adelante en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) gracias al voto de calidad de su presidente, un edil socialista–,y negociar un proyecto alternativo con los diferentes partidos. Pero no.

A las prisas de última ahora, que denotan falta de trabajo previo, se unió la ceremonia de la confusión provocada por el trío negociador que conformaban el equipo de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero; el de la portavoz del PSOE, Adriana Lastra, y el de la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, cuyas propuestas tenían un aspecto demasiado próximo al de un regateo de feriantes. Tal es así, que el único voto externo favorable al Gabinete de coalición, el del diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, fue conseguido mediante engaño, lo que, sin duda, no dejará de tener consecuencias.

Con todo, lo peor es la reacción ante la derrota de una ministra, dispuesta a acogotar al conjunto de los Ayuntamientos bajo la poco edificante oferta del «lo tomas o lo dejas, sólo hay una oportunidad». Que no se rompiera el gobierno de coalición, gracias al paso atrás de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que impuso su criterio a la franquicia catalana de Unidas Podemos, es magro consuelo. Porque entre la mayoría aplastante de 193 escaños que votó contra el decreto, se encuentran los partidos nacionalistas y regionalistas que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez. Incluso el PNV, partido con el que gobiernan los socialistas en el País Vasco, se ha alineado en contra. Y, por primera vez, palabras como coacción, soberbia, chantaje, incautación y robo no se han escuchado sólo en las bancadas de la oposición del centro derecha.

Pero, y es importante destacarlo, si la negativa ha sido trasversal al arco parlamentario, las razones de cada partido para oponerse no lo han sido, lo que significa que el Gobierno, al insistir en conceptos tan antipolíticos como el de la unidad debida, es incapaz de entender una negociación en términos más amplios que el conmigo o contra mí. Si el duro varapalo recibido sirve de aviso de navegantes a Pedro Sánchez a la hora de afrontar las negociaciones de los Presupuestos, bienvenido sea. Al fin y al cabo, España necesita unas nuevas cuentas públicas como, por otro lado, los ayuntamientos necesitaban una solución para sus problemas de liquidez y financiación que, por supuesto, no iban a encontrar en el trágala de la ministra Montero.

Y el camino se presenta arduo cuando en el horizonte, la realidad manda, vuelven a avizorarse recortes del gasto público que recaerán en las espaldas de los funcionarios y de los pensionistas, como ya ocurrió con el ejecutivo socialista que tuvo que afrontar la última crisis. Pedro Sánchez debe ser consciente de que no cuenta con una mayoría parlamentaria que le apruebe las cuentas a cambio de nada. Menos si éstas incluyen, como estamos viendo, rebajar el salario de médicos, enfermeras, profesores, policías, guardias civiles y otros servidores del Estado que, en muchos casos, se han dejado hasta la salud en la lucha contra la pandemia. Y ya no es cuestión de arrimar el hombro y de reclamar un patriotismo ciego que a nada conduce. Tendrá que elegir, por supuesto, pero, también, trabajar seriamente en el proyecto presupuestario. Luego llegan las prisas, las presiones y la nada.