Omisión criminal de un Gobierno

Ayer, 11 de septiembre, la Consejería de Salud de la Generalitat de Cataluña había comunicado 1.251 nuevos contagios de coronavirus detectados por PCR, con una tasa de infección superior a 200 casos por 100.000 habitantes, un ritmo de propagación al alza y un índice de riesgo de rebrote de 178,67 puntos, muy por encima de lo que la OMS considera aceptable. Es decir, la epidemia de Covid-19 en el Principado volvía a coger fuerza, por más que los ingresos hospitalarios y, sobre todo, los fallecimientos se mantenían controlados y lejos de las cifras terribles de marzo y abril. Que en estas condiciones el gobierno autónomo que preside Joaquim Torra haya autorizado la celebración de más de un centenar de concentraciones a lo largo y ancho del territorio es, como ya denunciamos en nota editorial anterior, del todo punto inaceptable y, sin duda, debería acarrear consecuencias jurídicas, aunque sólo sea porque las movilizaciones convocadas incumplían las propias restricciones al derecho de reunión dictadas por la Generalitat para controlar la extensión de la epidemia.

Dada la trayectoria de los actuales dirigentes políticos catalanes, siempre en el alambre del desafío a la leyes y en la retórica, de momento, hueca, de la rebelión, este comportamiento culposo y negligente, que pasa por encima de los intereses más básicos de los ciudadanos que viven en Cataluña, apenas provoca algo más que indiferencia entre la mayor parte de una opinión pública saturada por el discurso nacionalista y cada vez menos sensible a la provocación. Y, sin embargo, esa falta, al menos, aparente de reacción, que las autoridades gubernamentales se toman a beneficio de inventario, convencidas de que ya no opera políticamente en el juicio de la acción de Gobierno, no puede justificar en modo alguno ni la omisión de las responsabilidades ni el silencio cómplice.

Porque, en efecto, no hablamos de unos comportamientos que se pretenden heraldos de la independencia y que, ayer, sólo demostraron la brecha abierta en el separatismo catalán y las incertidumbres de todo tipo que embargan a sus protagonistas, sino de una cuestión de salud pública que no puede despacharse con el mero encogimiento de hombros. Como hoy publica LA RAZÓN, con el respaldo de médicos expertos, concentraciones de miles de personas, aun partiendo de que sólo haya un centenar de contagiadores asintomáticos, provoca una pirámide de nuevas infecciones que hay que calcular por miles de casos. Y, hay que recalcarlo, ni política ni jurídica ni éticamente estamos ante unas manifestaciones como las del 8-M, entre otras razones, porque en aquellas fechas ni el conjunto de la sociedad ni sus representantes públicos conocían en términos exactos la gravedad de lo que se nos venía encima, por más que ya existiera información suficiente para dar la alerta.

Pero, ahora, y más con lo vivido en estos meses de verano, donde los muertos por la infección se cuentan otra vez por centenares, sin que alguien parezca interesado siquiera en conocer sus nombres, nadie puede escudarse en la ignorancia, mucho menos el Gobierno que preside Pedro Sánchez. Las transferencias autonómicas en materia de Sanidad se refieren a la gestión de los servicios, por cuanto la titularidad de las mismas pertenece al Estado. No puede, pues, el Ejecutivo descargarse de su responsabilidad en lo que ha sucedido en Cataluña. Se ha actuado desde una omisión consciente, rayana en lo criminal, ciertamente inconcebible y que pone en riesgo la misma credibilidad de las medidas contra el Covid-19 y sus restricciones de los derechos fundamentales. El Gobierno debía haber actuado subsidiariamente en defensa de la salud pública a través de la Delegación en el Principado, bajo la dirección de la socialista Teresa Cunillera. Dios no lo permita, pero si la tragedia se repite con la misma intensidad, habrá que pedir cuentas.