Suena el “tic tac” del banquillo para el vicepresidente Iglesias

El juez García Castellón ha pedido al Tribunal Supremo que instruya una causa penal contra el líder de Unidas Podemos

Pablo Iglesias y Podemos aterrizaron hace unos años en medio de un clima de desafección hacia los protagonistas del bipartidismo y la transición como esa nueva política regeneracionista contra la casta corrupta. El suyo es un caso paradigmático sobre el envejecimiento prematuro de un proyecto y de sus actores cuando el escaparate y la retórica escondían a un grupo de arribistas dispuestos a la toma del poder para servirse del mismo y no al bien común. En estas últimas semanas, el socio de Pedro Sánchez en el Gobierno es objeto de varias instrucciones en distintos juzgados por diferentes causas relacionadas con su financiación irregular, inmersas en malversación y administración desleal, entre otros. El partido se encuentra hoy imputado por una presunta Caja B. Los escándalos crecen no como enanos, sino como gigantes, una vez reventado el tapón del sumidero con revelaciones como las de Calvente, pero no sólo. Desde ayer, Pablo Iglesias, vicepresidente del Gobierno, el hombre que en otro tiempo provocaba el insomnio de Pedro Sánchez, está más cerca de responder ante la Justicia por su conducta presuntamente ilegal en el escándalo Dina. El juez García Castellón ha pedido al Tribunal Supremo que instruya una causa penal contra el líder de Unidas Podemos por delitos de denuncia falsa, revelación de secretos y delitos de daños informáticos relacionados con su principal participación en el oscuro episodio del robo de la tarjeta del móvil de su colaboradora, la filtración y la manipulación de sus contenidos y la instrumentalización de este sombrío capítulo en beneficio propio. Su condición de aforado, privilegio del que abominaba hace unos años, evita su imputación, que queda ahora en manos del Alto Tribunal. Ahora bien, las repercusiones políticas y las consecuencias son insoslayables. El Gobierno de España no puede cargar ni con un vicepresidente encausado ni con un partido envuelto en indagaciones judiciales por corrupción. Iglesias está obligado a renunciar o si no, a ser relevado, pues la sombra de la sospecha es un lastre que un Ejecutivo con desafíos de enorme envergadura no debe soportar, con Europa, además, pendiente de su ejemplaridad. De la respuesta de Unidas Podemos a sus diferentes frentes judiciales, sin la más mínima explicación y con ataques contra la “derecha judicial” y las cloacas, cabe deducir que Iglesias se enrocará cueste lo que cueste y explotará el victimismo. Tampoco hay aguardar nada del Código Ético del partido que él mismo se encargó de desactivar este verano para que no fuera un obstáculo ante contratiempos penales. El foco se centrará entonces en Sánchez si este no hace lo que debe, lo que debería haber hecho hace tiempo. Si se convierte en consentidor por activa o por pasiva, entonces podríamos rememorar aquello de dos por el precio de uno de González y Guerra. Sea como fuera, queda claro que aquel famoso “tic tac” que el todavía vicepresidente esgrimió contra el Gobierno del PP suena ahora más cerca que nunca de su futuro. Presunción de inocencia por delante, es una evidencia que el banquillo está hoy más cerca que ayer.