Una ley contra la educación

La Ley Celaá, la octava que se acomete en España en democracia, tiene una característica que la diferencia del resto: no afecta en nada a lo realmente importante, a los planes de estudios y, en definitiva, a garantizar una educación de mayor nivel formativo, adecuada a las exigencias actuales o que subsane males endémicos como el fracaso escolar. En este sentido, la ley es innecesaria, como muchos agentes del sector ya han destacado; sólo ha demostrado una obsesión ideológica por los temas clásicos de la izquierda más dogmática y de sus socios de conveniencia a los que no ha importado entrar en vergonzosa contradicción entre lo que predican y luego hacen. ¿Cómo explicar que PNV y los nacionalistas catalanes, acérrimos protectores de la educación privada y concertada en sus comunidades, voten una ley que la relega, aun suponiendo el 30% de la educación en España? Esto sí, la Ley Celaá es abusivamente intervencionista en cuestiones que afectan directamente a derechos y libertades, incluso en aspectos que no tendrán recorrido legislativo alguno, aunque complazcan a Unidas Podemos, partido que está actuando como un verdadero «comisario político» en esta y en otras medidas del Gobierno. Un sólo ejemplo: por más que lo diga Pablo Iglesias, nada puede impedir a un ayuntamiento entregar suelo público para acometer una ampliación de un centro escolar, público o privado, algo que prohíbe la nueva ley. El Gobierno ha creado de nuevo un debate artificial sobre una cuestión medular en estos momentos en el que la sociedad española se pregunta –sin recibir respuesta– cómo salir de la crisis de la manera que nos asegure un futuro mejor. No era este el objetivo de Celaá, del Gobierno y de Podemos, que ha cortejado a los partidos independentistas para forjar esa mayoría de la que se jacta Sánchez para aprobar unos presupuestos «de país» –que Bildu y ERC están empeñados en borrar del mapa– y llevarles a «dirección del Estado». La erradicación del castellano como lengua vehicular en Cataluña –en Galicia y País Vasco o existe en modelo de «inmersión»– no es una medida para mejorar la calidad de la enseñanza, ni en catalán ni en castellano, sino como pago a los votos de ERC. Desde este punto de vista, su aceptación apuntala el programa del ultranacionalismo catalán de erradicar el castellano de la educación y el texto de la ley será difícilmente recurrible ante el TC porque en ningún sitio está escrito que el castellano sea lengua vehicular, por lo que, según la doctrina aplicada hasta ahora, es correcto si no se incumplen los derechos con ella. Perdida la edad de la inocencia con el nacionalismo, si ni siquiera han cumplido la sentencia que dice que se debe impartir un 25% del castellano, no lo hará ahora. El PSOE es responsable de un ataque sin media al español y la convivencia o, algo peor, el uso de la lengua de los españoles, para que Sánchez siga en La Moncloa.