El Gobierno rompe los puentes con el PP

La conmemoración del aniversario de la Constitución el pasado día 6 retrató a la perfección el absoluto desencuentro entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Pablo Casado. Ni siquiera se produjo un saludo aunque fuese protocolario, ni hubo el menor interés en que se produjera un acercamiento entre los dos partidos que históricamente han representado el pacto constitucional. Nunca una celebración institucional de este valor simbólico dejó tan claro la debilidad que sufre hoy la Carta Magna. Tampoco nunca unos Presupuestos Generales del Estado han sido aprobados por partidos que, todos y cada uno de ellos, rechazan la Constitución y, a lo sumo, sólo asumen lo que se refieren a la foralidad vasca y la disposición cuarta que hace referencia a la anexión de Navarra al País Vasco.

Hubo algo de ensañamiento al presentarlos como «patriotas» españoles. Es cierto que, como dijo el mismísimo Gabriel Rufián metido a ideólogo del nuevo régimen, que el centro de gravedad de la gobernación del Estado ha cambiado, y donde antes estaba el PP, ahora están ERC, Bildu y, claro, Pablo Iglesias. En este sentido, es una consecuencia lógica del cambio político que está dirigiendo el Gobierno de coalición que se haya provocado una ruptura de todos los puentes que unían a PSOE y PP, una estrategia que ese reducido núcleo que gobierna España desde la calle Ferraz considera un éxito, aunque se trata de un rotundo fracaso político de Sánchez, incluso, aunque esta haya sido su intención. Saber cultivar a la oposición es un logro de los grandes gobernantes, que ejerza su función evitando el choque frontal y el desgaste institucional, que es lo que el Gobierno está haciendo en esta legislatura.

Uno a uno, Sánchez ha ido rompiendo todos los puentes, o por lo menos los pactos de Estado que el pasado 18 de febrero , muy al principio de la pandemia, Casado ofreció al presidente. Fueron once puntos que la política del Gobierno ha ido dinamitando sin medias tintas. Aceptó seguir negociando con ERC, ahora también con Bildu. Se ha negado a una reforma despolitizada del CGPJ y volver a la fórmula de 1985 cuando los jueces elegían a las mayoría de los jueces proponiendo una reforma de la Ley Orgánica que permita que una parte de estos sean elegidos por simple mayoría parlamentaria. Rechazó la reforma del Código Penal que incluyera volver a tipificar como delito la convocatoria de un referéndum ilegal, incorporar de nuevo a la norma la sedición impropia y prohibir por ley el indulto a los acusados por rebelión y sedición. Por contra insiste en eliminar el delito de sedición y abrir la puerta al indulto de los presos del 1-O. Cualquier pacto educativo ha quedado zanjado con una Ley Celaá sectaria. Lo único claro es que Iglesias quiere que se cumpla el objetivo de su programa: que la derecha nunca más vuelva a gobernar en España. Para ello, hay que romper todos los puentes.