Inadmisible desorganización electoral

A una semana de la celebración de las elecciones catalanas, la sensación es, por lo menos, de asombro ante el desconcierto organizativo, que se está convirtiendo en el mayor inconveniente para que los comicios autonómicos se puedan realizar con normalidad. Cataluña no es el único lugar del mundo donde se ha ido a las urnas durante la pandemia –incluso se han celebrado EE UU–, ni siquiera de España, en Galicia y País Vasco. Con las medidas adecuadas y la debida prevención sanitaria se llevaron a cabo y no se pude decir que en ninguno de estos casos el resultado se viese afectado en nada por celebrarlas durante la epidemia de la Covid-19.

Sin embargo, hay un factor a tener muy en cuenta en el caso catalán: los partidos independentistas gobernantes en la Generalitat, ERC y JxCat, quería retrasar la convocatoria por el puro interés electoralista de desinflar la irrupción de Salvador Illa como candidato del PSC. Demoraron aspectos organizativos y supeditaron la decisión final a una sentencia de Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que, el pasado 29 de enero, confirmó la celebración el día 14 de febrero, en contra del recurso presentado por el gobierno de la Generalitat. Todo el aparato nacionalista trabajó en dirección contraria a la celebración de las elecciones y, sin que exista una causa directa, ahora se encuentran con que las juntas electorales de zona sitúan en 20.579 el número de personas que han pedido ser eximidas de formar parte de las mesas electorales –el 25% del total de 82.251– alegando cuestiones médicas, lo que, de entrada, y a falta de una semana, es un inconveniente para que en muchos puntos se pueda ejercer el voto. Si la constitución de las mesas es el trámite necesario para que se pueda llevar a cabo la votación, se abre una incógnita con los miembros que ya han pedido ser sustituidos, incluso con los que el mismo día aleguen tener síntomas del coronavirus, tal y como está previsto. Pese a que los dos suplentes por los tres miembros de la mesa –un presidente y dos vocales– asegure la puesta en marcha del proceso, no se descarta que haya muchos puntos de votación cerrados.

Se abre, por lo tanto, una situación inédita: que en muchas mesas se deba retrasar el día de votación, con el consiguiente efecto electoral en el resultado final. Hay que tener en cuenta que sólo en Barcelona capital se han presentado más de 8.000 alegaciones. Si a estas incidencias se le suma el protocolo establecido, con horarios de votación según la edad, riesgo de contraer la enfermedad y personas que guardan cuarentena, no es extraño que en estas circunstancias se produzca una baja participación, o por lo menos lejana al 79% del año 2017, cuando gano Cs. Si, además, se parte de que un 39% del electorado –según el CIS– no tiene decidido el voto, el independentismo puede salir beneficiado de esta inadmisible desorganización.