El Supremo rechaza los indultos

No es posible ignorar que el informe de la Sala Penal del Tribunal Supremo, que rechaza de plano la concesión de indultos a los doce condenados por el «procés», va más allá en su argumentación de la cuestión planteada para extenderse en consideraciones que rozan la delgada línea institucional de la separación de poderes. Parece evidente que los magistrados del Tribunal sentenciador se han sentido concernidos por las previas declaraciones gubernamentales, que indicaban una inequívoca proclividad a la concesión de la medida de gracia, para endurecer su postura, abriendo, incluso, la vía para habilitar un recurso, en cualquier caso, problemático, ante el Tribunal Constitucional. Por supuesto, las razones técnicas y jurídicas que aducen los jueces son impecables y se ajustan a la interpretación general de la vigente ley sobre el indulto, pero, dicho esto, debemos insistir en que el hecho más determinante descansa en la potestad que conceden las mismas leyes al Gobierno para actuar en este campo como considere oportuno y sin la obligatoriedad de dar mayores explicaciones. La única salvedad, no menor, es que un informe negativo de los jueces que dictaron la sentencia limita el alcance de la medida de gracia a una remisión parcial de la pena, cuestión que no dejará de causar complicaciones políticas a un Ejecutivo que depende parlamentariamente del apoyo de los partidos nacionalistas catalanes, precisamente, los mismos que pusieron en marcha el proceso separatista. Debería, pues, quedar meridianamente claro que la hipótesis de una decisión gubernamental que ignore las consideraciones del Supremo no supone corrección alguna de una sentencia judicial ni pone en duda la legitimidad de las penas dictadas ni, por supuesto, el Consejo de Ministros se erige en una instancia superior de apelaciones, puesto que los políticos nacionalistas fueron condenados por graves delitos, de acuerdo a las leyes y mediante un juicio con todas las garantías. Que los magistrados del Supremo hayan considerado pertinente extenderse en un discurso reivindicativo de la legitimidad de sus decisiones demuestra que existe un riesgo cierto de ruptura institucional en España, por cuanto se puede colegir del tenor del informe que la concesión de los indultos carecería de legitimidad. Y no es así. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene la potestad legal y puede ejecutar las medidas de gracia tal y como establece la ley. Otra cuestión es que, al mismo tiempo, asume un gran desgaste político ante el conjunto de la sociedad española, que rechaza mayoritariamente el perdón para los golpistas y que será en última instancia la que dictará veredicto en las urnas.