Lo mejor que puede decirse del proyecto de ley de universidades impulsado por el ministro del ramo, Manuel Castells, es que todavía no está en vigor y que, en su defecto, siempre podrá ser derogada por un próximo gobierno que tenga la ambición de hacer de la enseñanza superior española un lugar para el conocimiento, la formación y la investigación que sea competitivo en la excelencia con los mejores centros del mundo. En efecto, en el Anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), aprobado ayer en el Consejo de Ministros, se pueden reconocer todos los viejos tics de la izquierda, desde la ideología de género hasta la atribución del control de la propiedad intelectual, sin despreciar que abre una puerta trasera, muy amplia, eso sí, para colonizar los rectorados con docentes ideológicamente afines, que ya no necesitarán haber ganado una cátedra para optar al puesto.

Por lo demás, se incide en la discriminación positiva, se establecen comisiones y vigilancias de igualdad en todos los niveles y, bajo el pretexto de regularizar situaciones laborales precarias, algo muy loable, se incide en la funcionarización de las universidades, que deberán tener un 55 por ciento de su profesorado en el cuerpo de funcionarios del Estado. Por supuesto, no se renuncia a imponer nuevas exigencias a los centros de titularidad privada, tal vez, porque con mayor visión de futuro no dejan de ganar predicamento entre los futuros universitarios, en detrimento de unas universidades públicas, incapaces de cubrir la mayoría de la plazas que ofertan y que, con el Plan Bolonia, obligan a cursar másteres de postgrado no, precisamente, económicos. Cuestión aparte, por su potencial transcendencia política y divisoria, es la desaparición en el articulado de la figura del Jefe del Estado en la expedición de los títulos universitarios.

Se justifica arteramente el ministro Castells en que ya existe un decreto ley que establece el requisito de la firma del Rey, pero obviando que, de aprobarse el anteproyecto en los actuales términos, estaríamos ante una Ley Orgánica, de rango superior, por lo tanto, a la que, sin duda, se acogerían los nacionalistas, con el apoyo entusiasta de la izquierda comunista, para eliminar cualquier referencia a la Institución de la Corona en el ámbito universitario. Se trata de un guiño impropio a los socios separatistas de Pedro Sánchez que es forzoso rectificar. Con este u otro futuro Gobierno.