Belarra no puede seguir en el Gobierno

El tan penoso como asombroso espectáculo de una ministra del Ejecutivo, Ione Belarra, acusando de prevaricación a los jueces del Tribunal Supremo y a la tercera autoridad del Estado, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, no puede desembocar en otra solución que su destitución por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, obligado no sólo a restituir el crédito de la Justicia, sino al compromiso adquirido de defender los principios democráticos y constitucionales, entre cuyos pilares básicos se encuentran la separación de poderes y el acatamiento de las sentencias de los tribunales.

Que la comisión permanente del CGPJ, el órgano de gobierno de los jueces, haya tenido que salir al paso de las declaraciones falaces e insultantes de un miembro del Ejecutivo apenas tiene precedentes en los países democráticos de nuestro entorno y demuestra las razones que asisten a la Comisión Europea y al Consejo de Europa cuando advierten de la deriva peligrosa que está tomando la independencia judicial en España. Asimismo, que la única reacción del partido en el que milita la ministra Belarra, en el que, además, ejerce la dirección orgánica, sea la de despreciar al CGJP, como si sus miembros fueran unos simples botarates, sólo pueden reafirmarnos en el convencimiento de que cualquier pacto de gobierno con una formación antisistema arrastra a la nación a la crispación social y a la inestabilidad política, que son el caldo de cultivo donde mejor prosperan los populismos de la peor laya.

Ciertamente, sólo es posible entender la pasividad del jefe del Ejecutivo frente a lo que es una sistemática, clara y consciente campaña de desprestigio de la instituciones del Estado por parte de sus socios de coalición, desde la voluntad de permanencia en el cargo. Pero, a medida que se proyecte en el horizonte la convocatoria de las elecciones generales, Sánchez comprobará que la deslealtad de sus coaligados no conoce barreras si creen que el enfrentamiento interno puede darles un mayor rédito electoral.

Es, sin duda, consciente el sector socialista del Gobierno, o debería serlo, de que Unidas Podemos va a intentar forzar la aceptación de sus programas de máximos, aún cuando supongan la ruptura de los compromisos adquiridos con la Unión Europea en el marco de las ayudas del Fondo de Reconstrucción, de ahí que se antoje inevitable un golpe de autoridad desde la presidencia del Consejo de Ministros, so pena de convertirse ante la opinión pública en corresponsable de la inicua estrategia podemita, que desde el poder ejecutivo pretende imponer un modelo político que no cabe en la Constitución. Porque detrás de campañas de desprestigio como la que están llevado a cabo contra la Justicia, que serían paródicas de no hallarse en juego la confianza de la sociedad en sus jueces, está el permanente objetivo de acabar con el modelo político surgido de la Transición.