El sagrado valor de la presunción de inocencia

Hace unos días la ministra del Reino de España Ione Belarra perpetró el enésimo ataque contra la Corona, símbolo y cúspide de la nación constitucional, con especial enseñamiento hacia el Rey Juan Carlos, que, según dijo, «solo tendría que volver a España para rendir cuentas ante la Justicia y la ciudadanía por sus escándalos de corrupción y sus negocios ilícitos». Reclamó un sistema democrático «que evite lo que se ha visto estos años, a la monarquía convertida en el mejor mecanismo para la corrupción». Desde hace tiempo los ministros comunistas decidieron que la familia real era el objetivo principal en su propósito de acabar con la denominada España del 78. Más amargo aún que la parte antisistema del gobierno pisotee la lealtad institucional y los principios fundamentales del Estado de Derecho, es que algunos titulares socialistas hayan dado alas a esta campaña insólita en cualquier país de nuestro entorno. La izquierda ha sometido al rey padre a una infame cacería, sostenida en manipulaciones y falsedades. El maltrato sin mácula ni consecuencia para los inquisidores ha refrendado la quebrantada salud de la democracia, agravada con la gobernación de socialistas y comunistas. En este punto, la conducta del presidente del Gobierno, que alentó esa persecución del que fuera jefe del Estado será un capítulo negro de su paso por La Moncloa. Desde el Ejecutivo se ha convertido a Don Juan Carlos no ya en un presunto culpable, sino en un reo condenado en la corte sumaria de la izquierda muñidora, convertida en juez, jurado y verdugo. En esta España en blanco y negro de socialistas y comunistas se ha vaciado de contenido y sentido hasta neutralizarla a la presunción de inocencia, que es pilar indispensable de cualquier estado mínimamente garantista del mundo. Es otro de los «hitos» de una época corrosiva como pocas para la libertad. Es verdad, no obstante, que el tiempo suele poner a cada uno en su sitio. Ayer, conocimos que la Fiscalía Suiza ha archivado la causa por la donación de 65 millones de Don Juan Carlos a Corinna Larsen. Y es más que probable que en breve la cúpula del Ministerio Público cierre las diligencias sobre el rey padre ya que considera que sus regularizaciones fiscales fueron «espontáneas» y «voluntarias». Hoy, no existe procedimiento judicial abierto y sí cierre de indagaciones sin acusación. El Rey Juan Carlos es libre de volver o no a España sin que ningún Torquemada de nuevo cuño afee ni su figura ni su legado desde un tribunal de orden popular, otro TOP totalitario. En estos tiempos de memoria histórica, es de justicia ponderar tantas veces como sean precisas la obra ingente del rey padre como arquitecto de esa extraordinaria gesta que fue la transición. Que nunca se olvide que se despojó de los poderes absolutos que tenía entonces atribuidos para dar paso a la democracia de todos.