Una financiación justa como deber de Estado

LA RAZÓN reunió ayer a los presidentes de Murcia, Fernando López Miras, y Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en el marco de un debate necesario sobre el modelo de financiación autonómica. Dos comunidades gobernadas por el mismo partido, pero con tipologías territoriales y dinámicas poblacionales tan diferentes que pareciera imposible encontrar puntos de encuentro y equilibrio a la hora de buscar una fórmula que atienda por igual esas necesidades dispares. Y, sin embargo, ambos dirigentes políticos se mostraron convencidos de que el acuerdo es posible a poco que desde el Gobierno de la Nación se entienda que nos hallamos ante un deber de Estado, irrenunciable, en el que los fondos públicos no pueden situarse al servicio de los intereses políticos del partido de turno, que es, exactamente, lo que ha ocurrido con los Presupuestos Generales del Estado, rubricados con el estrambote de una partida extra para doblar películas al catalán. Porque arbitrar las fórmulas para una adecuada financiación de las comunidades autónomas, desde el principio del derecho a la igualdad de todos los españoles, con independencia del lugar donde residan, ni es imposible ni puede plantearse desde posiciones maximalistas. Es evidente, como quedó ayer expuesto en el debate, que un modelo basado exclusivamente en el criterio de población perjudica a los territorios de la España despoblada, la mayor en extensión, que afrontan mayores costes para proporcionar los servicios básicos, especialmente la Sanidad y la Educación, pero, también lo es, que el número de habitantes es un factor igualmente determinante en el volumen de las inversiones financieras públicas. Hablamos, pues, de la inclusión de medidas correctoras que deben ser acordadas entre todos los actores territoriales, incluido, por supuesto, el Ejecutivo central, y que debería comenzar por aquellas autonomías que están claramente infrafinanciadas, no importa el criterio que se aplique. Y, a partir de ahí, avanzar en la progresiva armonización de la calidad de los servicios que presta el estado del bienestar. Asimismo, en aplicación del principio de que no son los territorios los que pagan impuestos, sino los ciudadanos, hay que actuar desde la mayor transparencia posible de las cuentas públicas, que evite su utilización como arma arrojadiza en la pugna política y que desmonte las habituales alegaciones victimistas con el único instrumento eficaz, el de la corresponsabilidad en la gestión del dinero público. Por último, pero no menos importante, hay que establecer un calendario para la reforma de la financiación autonómica que no dependa ni de avatares electorales ni de coyunturas políticas. En definitiva, el compromiso de buscar una distribución territorial lo más justa posible de los impuestos que pagan todos los españoles.