Borrar el pasado para amañar el futuro

El Gobierno ha hecho caso omiso de las alegaciones presentadas tanto por la Real Academia de la Historia (RAH) como por otras instituciones relacionadas con el cultivo y la enseñanza de las Humanidades y se dispone a aprobar un decreto educativo que no sólo borra buena parte de la historia de España, sino que, además, altera el curso diacrónico de los acontecimientos que se ponen al alcance de los alumnos. Son tantas las voces sensatas, ajenas al sectarismo ideológico, que se han alzado contra el nuevo modelo curricular que sería ocioso por nuestra parte entrar en los planteamientos metodológicos del engendro.

Baste con reseñar que se pretende que los alumnos de Bachillerato acaben su ciclo educativo capacitados para hacer una interpretación crítica del mundo actual y de sus modelos de convivencia social mientras se les hurta los conocimientos básicos que explican el proceso de desarrollo propio de la sociedad en la que viven. Y todo ello, desde una redacción tan genérica de los contenidos básicos de la asignatura que impiden al profesorado saber a qué atenerse. Sin duda, lo peor no es el exceso de presentismo que denuncia la RAH, ni siquiera la dispensa al alumnado del menor esfuerzo de memoria.

No. Lo peor es que la eliminación de algo tan inherente al conocimiento del pasado como es la cronología dejará inermes a las nuevas generaciones frente a las interpretaciones interesadas de los apóstoles del revisionismo histórico, hijo dilecto de la demagogia y el populismo. En definitiva, la Historia, en expresión de Maquiavelo, como instrumento de la política. Así, se borran del temario unos hechos sin los que no es posible interpretar el mundo actual, como la peripecia de Al Andalus y los primeros choques entre las distintas visiones del islam, hoy, presentes en los conflictos bélicos más sanguinarios; o la pugna tres veces centenaria que mantuvieron el imperio español y el mundo anglosajón liderado por Inglaterra, sin la que no seríamos capaces de explicarnos Occidente. Se elimina, con la diacronía de Roma, lo que supuso el cristianismo en la concepción de la universalidad y, por ende, de los derechos humanos, y, por fin, desaparecen del conocimiento de los alumnos partes esenciales del proceso bimilenario de la construcción de España como nación.

Además, no se alcanza a entender, desde la simple honradez intelectual, la razón última de este cambio, que va en la dirección opuesta de lo que demanda la mayoría de la sociedad española, saturada de mensajes divisivos, de imposiciones de parte, no sólo nacionalistas, que amañan el acontecer histórico para fines espurios. Tristemente, nos hallamos ante un error injustificable por parte de quienes dirigen el devenir de la nación. Un error con varios nombres y apellidos, pero que tiene su máxima responsabilidad en la figura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.