Sánchez y las falacias sobre las eléctricas

El Gobierno está en campaña contra las compañías eléctricas, en una maniobra típicamente electoralista y, por lo tanto, de bajo estilo, con la que pretende darle la vuelta a unas encuestas que le son muy desfavorables. Agotados los señuelos de la memoria histórica, la pederastia en la Iglesia, la corrupción popular y la amenaza de la ultraderecha, ahora, la propaganda gubernamental agita el espantajo de las malvadas eléctricas, con el relato de unas empresas que se llenan los bolsillos quitándoles el pan de la boca a las familias más necesitadas y en lo peor de la crisis.

Pero no por repetida, la mentira se convierte en verdad. Saben en La Moncloa, o deberían saberlo, que el 80 por ciento de la electricidad que se consume en España se hace a través de contratos a largo plazo, ajenos, por lo tanto, al mercado diario que marca un presunto desorbitado precio. Dicho de otra manera, ocho de cada diez kilovatios ya están vendidos en España, por lo que las compañías eléctricas no pueden recibir esos supuestos beneficios caídos del cielo. El problema se encuentra en la PVPC, la tarifa regulada, que depende del Gobierno y cuya evolución es de su absoluta responsabilidad. Una tarifa, por cierto, que constituye una anomalía en el conjunto del mercado eléctrico europeo, que al no tener un precio cerrado la hace depender de los vaivenes de ese mismo mercado.

Sabe, pues, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que es ese 20 por ciento lo que distorsiona el precio de la electricidad, pero no le importa hacer pasar como algo general una cuestión que afecta a una parte tasada y vulnerable. Pero no contento con esta distorsión de la realidad, eleva el tiro y lleva la falacia a la Unión Europea, construyendo un argumento de supuesta excepcionalidad, cuando lo que ocurre en España no es muy diferente a lo que sucede en el resto de la UE. Basta con consultar los precios del MW/H que periódicamente publicamos en LA RAZÓN. Con todo, lo peor es que nadie desde el Ejecutivo ha visto la necesidad de consultar con el sector.

Así, «reclamar la excepcionalidad ibérica» es tomar un atajo de cuyas consecuencias no podrá culpar a las compañías que operan en el sector energético. Es un error grave atentar contra la libertad de empresa, cuando se hacen más necesarias que nunca las certezas legislativas de la UE. Porque estamos obligados a salir de esta crisis con más Europa y los «corralitos locales», que es lo que propugna el Gobierno, no sólo son una marcha atrás, sino que ponen en riesgo futuras inversiones, por ejemplo, en las energías renovables, que son esenciales para conseguir la autosuficiencia energética. Comprendemos las urgencias electorales que embargan al presidente Sánchez, pero sus problemas políticos no pueden convertirse en una razón para obviar que la prioridad son los intereses de los españoles.