Una Jefatura del Estado ejemplar

La Corona someterá sus cuentas y su funcionamiento interno a los mismos controles que el resto de las instituciones del Estado. Vaya por delante, tal y como se puede constatar por los sucesivos informes del Portal de Transparencia, que la Casa Real, mediante sus mecanismos propios, ya daba ejemplo al resto de la administraciones públicas sobre la claridad y eficiencia del uso de los fondos presupuestarios, pero no está demás que se incorpore de pleno al sistema de fiscalización estatal, con la exigente supervisión del Tribunal de Cuentas.

En este sentido, todo lo que redunde en la transparencia de la gestión ante la opinión pública debe considerarse como un hecho positivo y ser bienvenido. Incluso, porque abre la puerta a actuaciones similares en otros organismos institucionales, que en demasiadas ocasiones se exceden en el resguardo de una ley de secretos oficiales que, tiempo al tiempo, será inevitable reformar. Por otra parte, la nueva reglamentación interna del funcionamiento de la Casa Real, plasmada en el Real Decreto que aprobó ayer el Consejo de Ministros, refuerza objetivamente la acción de la Jefatura del Estado, con la incorporación de altos funcionarios de la Administración General del Estado –desde la Abogacía del Estado al Cuerpo Diplomático, pasando por el Cuerpo Superior de Interventores y Auditores– que, sin duda, aportarán excelencia y experiencia profesional al ejercicio de los deberes de Su Majestad.

Nos hallamos, pues, ante una modificación no menor, que eleva el listón de la exigencia –incluye el principio de publicidad de todas las contrataciones que lleve a cabo la Zarzuela, así como la naturaleza, precio y destino de los regalos institucionales que reciba el Rey– y que ha sido convenientemente acordada entre el Gobierno y la Jefatura del Estado, con una notable actuación por parte del Ejecutivo que es preciso reconocer y que, en cierto modo, responde a la voluntad de Don Felipe de hacer de la Corona una institución que sea referente de ejemplaridad y eficiencia al servicio de los ciudadanos. Que los socios de la izquierda radical, paradójicamente con asiento en el Gabinete, se quejen de que no han sido informados de la naturaleza y alcance del Real Decreto sólo abunda en lo que decimos.

Por último, pero no menos importante, en ningún caso se menoscaban los principios constitucionales sobre los que se asienta la Jefatura del Estado, cuestión que enmarca la admonición dirigida a la líder de Unidas Podemos, Ione Belarra, por la exvicepresidenta del Gobierno y presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso, Carmen Calvo, uno de los artífices del Real Decreto, indicando a Belarra que «si no puede ser ministra de una Monarquía Parlamentaria, no debería serlo», invitando a la dimisión a quien desde el propio Gobierno, desconoce que la forma política del Estado español es, precisamente, la Monarquía parlamentaria.