Una ministra, firme ante el acoso al Estado

La ministra de Defensa, Margarita Robles, no sólo hizo ayer gala de su proverbial coherencia política y personal, sino que hizo frente con la autoridad de su trayectoria a los intentos de los portavoces nacionalistas de utilizar el caso de las presuntas escuchas de Pegasus para debilitar al CNI, uno de los servicios del Estado más sensibles a la hora de proteger nuestro sistema democrático y, con él, las libertades e intereses de los españoles. E hizo bien, porque en este embrollo es preciso contemplar dos planos que si en apariencia son contradictorios, en la realidad se complementan.

En primer lugar, no hay prueba alguna de la veracidad de las acusaciones, sostenidas sobre un informe de parte y elaborado sin contraste alguno de la metodología por un departamento de estudios de una universidad extranjera. En segundo lugar, como no se recató en señalar la ministra, porque el ámbito en el que se mueve la denuncia fue el escenario de uno de los más graves atentados contra la democracia de nuestra historia reciente y un ataque en toda regla a la convivencia pacífica de los españoles. Que desde los propios partidos y asociaciones que diseñaron, sustentaron y ejecutaron la intentona golpista se acuse a los servidores del Estado de contravenir el ordenamiento jurídico no sólo es una hipocresía hiriente, sino que sobrepasa el concepto de cinismo. Pero, también, que un partido que forma parte del Consejo de Ministros, como Unidas Podemos, exija seleccionadas cabezas de turco, como si la corresponsabilidad en la acción de gobierno se pudiera sortear olímpicamente, forma parte de la amplia antología de la incoherencia de nuestra izquierda populista.

Dicho esto, no nos duelen prendas a la hora de reclamar que, si se prueba la existencia de irregularidades en la actuación del CNI, se reclamen las responsabilidades que sea menester. Porque, si bien, los controles judiciales internos que operan en el Servicio de Inteligencia son garantía del respeto a los derechos fundamentales de los españoles, es preciso señalar que, al menos, los últimos años en que el organismo en cuestión estuvo bajo la dirección del general Félix Sanz Roldán se produjeron disfunciones en la gestión que pudieron propiciar cierto descontrol en algunos operativos.

En este sentido, que el CNI encargara escuchas, por supuesto bajo autorización judicial, relacionadas con la intentona separatista cuando ésta ya estaba en manos de la Justicia ordinaria, con una instrucción judicial abierta en el Tribunal Supremo y varias causas paralelas en el TSJC y en la Audiencia Nacional, denota, cuando menos, que el CNI, bajo una dirección con problemas de coordinación, se había dejado sorprender por los acontecimientos en lugar de, como es su principal misión, preverlos. En cualquier caso, las vías de reparación no pueden suponer la entrega del CNI a los enemigos declarados del Estado.