El Gobierno vive en una realidad paralela ajena

Una vez más, la OCDE rebaja las expectativas de crecimiento de la economía española y advierte sobre la falta de eficacia de las medidas antiinflacionarias del Gobierno. Y una vez más, los analistas de la Organización que agrupa a 38 de las principales economías del mundo señalan al gran ahorro embalsado por los hogares durante la pandemia como el salvavidas de una crisis que no acaba de despejarse en el horizonte. Pero es, precisamente, la desconfianza del ciudadano medio en el futuro lo que retrae el consumo doméstico en España, contribuyendo al estancamiento del PIB.

La propia OCDE, que confiaba en diciembre de 2021 en que se produjera un incremento del gasto de los hogares de hasta un 4,5 por ciento, reconoce en el informe de ayer que apenas había subido un 0,1 por ciento. Textualmente, los redactores del análisis afirman que «la confianza de los consumidores y de las empresas se ha deteriorado y los indicadores de actividad de la industria y los servicios se han ralentizado desde marzo», sin que la contención salarial haya servido para reconducir un proceso inflacionario que está superando todas las previsiones del Gobierno.

Es en esta disociación de la realidad que vive el ciudadano del común y la que proclama la propaganda gubernamental donde hay que buscar la causa de la desconfianza. Porque no es sólo que crezcan los precios de los productos básicos, que es un hecho cotidiano que experimenta en carne propia cada consumidor, es que cualquier decisión estratégica para la economía de las familias, la compra de vivienda, por ejemplo, se enfrenta tanto a la subida del precio –el mercado inmobiliario registra incrementos sólo vistos en los tiempos de la «burbuja del ladrillo»– como al aumento de unos intereses que vendrá de la mano del Banco Central Europeo.

Con un problema añadido, que las políticas fiscales expansivas puestas en marcha por el Ejecutivo, desde las subvenciones a los carburantes hasta las ayudas a empresas vulnerables, no sólo no están dando los resultados previstos, sino que provocan un incremento del déficit del Estado que habrá que cubrir con mayores cargas impositivas y tirando de deuda pública, hasta que la Comisión Europea diga basta y haya que proceder al ajuste presupuestario que, hoy, aconsejan todos los organismos financieros internacionales. Por supuesto, no tranquiliza lo más mínimo que la respuesta del Gobierno sea acusar a la oposición de desprestigiar en el exterior la economía española, primero, porque no es cierto y, después, porque ni siquiera el equipo económico de La Moncloa se ha dignado a examinar las propuestas sobre el pacto de rentas que presentó el nuevo presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que recoge algunas de las medidas que se están aplicando con éxito en otros países de nuestro entorno.