El «escándalo Oltra» desnuda a la izquierda

Como cabía esperar en un personaje con su recorrido y carácter, Mónica Oltra ha decidido atrincherarse en el cargo público de vicepresidenta y consejera del gobierno de la Comunidad Valenciana que comparte con los socialistas de Ximo Puig. Con su voluntad de okupar la dignidad que es de todos los ciudadanos transmite a la opinión pública que el sillón no es el fruto de una delegación por voluntad del pueblo, sino que es de su propiedad y hace con él lo que le viene en gana. Así entiende el contrato social una parte cada día más mayoritaria de la izquierda. Oltra no piensa dimitir tras su imputación en el Tribunal Superior de la región por encubrir los abusos de su marido a una menor tutelada porque, según su alegato, la suya es «una postura, ética, estética y política» y porque tiene que «defender la democracia frente al fascismo», en referencia a una de las partes en el proceso mientras calla que todo el impulso acusador proviene de la víctima agredida. El argumentario de la investigada es tan peregrino como fútil, más allá de que se victimice con la idea de la «cacería política» o de que ella clame que se ha explicado decenas de veces y en todos los foros en los que se le ha solicitado. Ahora tendrá la oportunidad de ofrecer otra versión en sede judicial, con la presunción de inocencia presente, y veremos si cambia de nuevo el relato, contradicciones incluidas, como ha sido la tónica. Oltra está en su derecho de organizar la estrategia de defensa como considere, pero lo que tilda de «cacería» es una consistente instrucción de un juez, un demoledor informe de la Fiscalía y un auto de los magistrados del TSJCV sobre la supuesta trama que urdió para proteger a su pareja, desacreditar a la chica forzada y salvar su carrera. Turba en la condición de la imputada la frialdad con la víctima en todo este tiempo y con el repugnante episodio de corrupción de menores contra alguien que se encontraba bajo su protección. Burla hoy la ejemplaridad que exigió en tantos linchamientos contra políticos del PP, luego inocentes, a los que juzgó y sentenció sumariamente. Ese ensañamiento, contra todo derecho, sería más que suficiente para incapacitar a cualquiera. Oltra es un personaje amortizado. Caerá tarde o temprano por sus deméritos. La responsabilidad de que el bochorno institucional no se prolongue es de Ximo Puig. Si no toma la única decisión honorable, si no la echa, será cómplice del descrédito gravísimo para la Comunidad. En esa línea, el escándalo ha desnudado los principios políticos y la integridad ética de la izquierda en el poder. El silencio o peor aún el apoyo explícito ante sucesos tan degradantes resulta inhabilitante. El caso Oltra es una mancha que ha retratado a Yolanda Díaz y su plataforma, a las ministras Montero, Belarra y demás cruzadas del feminismo y a los socialistas que callan y otorgan. Si se deslegitiman la verdad judicial y el gobierno de las leyes, la libertad corre peligro con políticos como Oltra y afines que labran una democracia simulada y a su servicio desde los despachos. La ciudadanía debe pasar una factura onerosa. Que los tribunales hagan justicia y las urnas dictaminen.