España no puede ser otra «Polonia judicial»

La política gubernamental en materia de Justicia sólo puede entenderse desde la voluntad de conformar los altos tribunales y, por ende, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a la conveniencia de la actual mayoría que sostiene al Gabinete, algo que, no lo olvidemos, va en contra de las directrices de la Comisión Europea y del Consejo de Europa, instituciones que no ocultan su preocupación por la deriva de algunos ejecutivos hacía la cooptación de los otros poderes del Estado, como es el Judicial.

De hecho, Bruselas, que ya ha tenido que reconducir la amenaza para la independencia de los jueces en Polonia, no dudó a la hora de advertir de las consecuencias de sanción que tendría la pretensión de La Moncloa de cambiar el sistema de elección parlamentaria de los vocales judiciales del CGPJ, por entender que menoscababa la independencia del órgano de gobierno de los jueces, desvirtuando aún más el espíritu legislador de la Carta Magna.

Se nos dirá, que el juego de las mayorías parlamentarias es el que ha venido rigiendo hasta ahora, pero, con ser cierto, se olvida que la exigencia de una mayoría cualificada obligaba a las formaciones políticas a consensuar la composición del Consejo, reduciendo la influencia del partido en el poder. En este sentido, la posición del Partido Popular es absolutamente legítima, puesto que tendía a frenar unas designaciones de candidatos, excesivamente vinculadas a determinadas formaciones de la izquierda y nacionalistas. Esta realidad se ha demostrado a las claras con la reacción de la dupla gubernamental, que, por medio de una medida legislativa de rango inferior, como es una proposición de ley, paralizaba los nombramientos de jueces y magistrados, mientras el CGPJ se encontrara en funciones.

Y lo hacía no tanto para forzar a la oposición a negociar la renovación del Consejo, como para evitar que se cubrieran las vacantes y las sustituciones en los tribunales y audiencias con una mayoría de vocales que no le era conveniente al Ejecutivo. La falta de finura jurídica de quienes, a la postre, legislan desde el oportunismo, ha obligado ahora al Gobierno a sacarse de la manga otra reforma por la vía rápida, que les permita, a ellos sí, nombrar a dos magistrados afines para el Tribunal Constitucional.

Todo ello, por supuesto, sin siquiera escuchar al CGPJ, cuyos informes van directamente al archivo de lo inútil o se rechazan. Entendemos que el Consejo se muestre reticente a elevar el contencioso a las autoridades europeas, lo que no dejaría de suponer un desdoro para la percepción de la calidad de nuestra democracia, convirtiendo a España en otra «Polonia judicial», pero no podemos compartir la ingenua propuesta de que sean el Gobierno y sus socios quienes recurran al arbitraje de la Comisión de Venecia, cuando son los responsables de la intromisión ilegítima en la independencia de la Justicia española.