Bloqueo

El CGPJ rechaza la “contradictoria” reforma del Gobierno para renovar el TC

Acuerda por un solo voto instar al Congreso a llevar ante la Comisión de Venecia la proposición de ley, pero no trasladará a la Comisión Europea el cambio legal impulsado por el PSOE

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) solicitará al Congreso que involucre a Europa en la reforma para renovar el Tribunal Constitucional (TC) solicitando un informe sobre esa modificación legal que impulsa el PSOE a la Comisión de Venecia, el órgano consultivo del Consejo de Europa.

La propuesta, que incluye la petición a la Cámara Baja de que escuche la voz del órgano de gobierno de los jueces (que exige recuperar sus competencias para hacer nombramientos, y no solo para elegir a los jueces del TC) en la tramitación parlamentaria de esa proposición de ley, ha salido adelante con los votos de nueve vocales conservadores y del presidente de la institución, Carlos Lesmes. Otros dos vocales han votado en blanco y siete se han opuesto, argumentando que la iniciativa supone una “injerencia política” en el Debate sobre el Estado de la Nación (durante el cual el Gobierno decidió que se tramitara la propuesta al tratarse del último Pleno del curso político).

Sin embargo, los vocales conservadores que forzaron la celebración del Pleno extraordinario ante la celeridad en la tramitación de la reforma legal para permitir que el CGPJ pueda designar a dos magistrados del TC que le corresponden -que junto a los dos que designará el Gobierno devolverá la mayoría progresista al Constitucional- han desistido finalmente de llevar a la Comisión Europea la reforma, como planteaban en su propuesta. Fuentes de este bloque justifican esa decisión en la inminente presentación por parte de la institución comunitaria de su informe sobre la situación del estado de derecho en los países miembros, en el que -apuntan- “no dudamos que va a exigir que se cumplan los estándares europeos”.

“Contradictoria e incoherente”

Unos estándares europeos que inciden en que no se margine al órgano de gobierno del poder judicial en las reformas que afecten a aspectos nucleares de su funcionamiento, como ocurre en este caso según los defensores de la propuesta.

El acuerdo califica de “contradictoria e incoherente” la argumentación del Gobierno de que la reforma busca “evitar las dificultades” para renovar el TC y señala el “grave perjuicio” que está generando la imposibilidad por parte del Consejo de cubrir las vacantes judiciales (tras la reforma que entró en vigor en marzo del pasado año con la que PSOE y Podemos presionaron al PP para negociar la renovación del CGPJ, en funciones desde diciembre de 2018).

EL texto defiende que el CGPJ sea escuchado -como ha señalado la Comisión Europea y el Consejo de Europa- cuando la proposición de ley afecta a “aspectos nucleares” de las funciones de los miembros del órgano de gobierno del poder judicial. “El cumplimiento de los estándares europeos perfilados en esas recomendaciones y otros textos previos del Consejo de Europa -hace hincapié el Consejo- pasa por que el CGPJ pueda informar sobre la iniciativa legislativa a la que se refiere el presente acuerdo, y que puedan hacerlo también las restantes instituciones y sectores implicados”.

Traslada la “honda preocupación” del Supremo

En la sesión plenaria, los vocales sí han decidido de forma mayoritaria trasladar al Congreso el acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo en el que el alto tribunal alertaba hace unos días de que la imposibilidad de cubrir las vacantes (14 en estos momentos) le aboca a una situación “insostenible”.

El Supremo remitió un escrito al Consejo del Poder Judicial para que éste, a su vez, se lo hiciese llegar a Congreso y Senado, dejando patente su “honda preocupación porque la falta de renovación del Consejo y la imposibilidad legal de realizar nombramientos discrecionales, están creando una situación que, de continuar, será insostenible”.

De hecho, los magistrados incidían en que “el paulatino aumento de vacantes” que no pueden ser cubiertas “merma” su capacidad para cumplir su función jurisdiccional, un hándicap que “en no mucho tiempo” -avisaba- supondrá dificultades extraordinarias” para su quehacer cotidiano.