Un decretazo sobre el vacío y la opacidad

Ha arrancado la aplicación del decreto con las medidas de ahorro y eficiencia energéticas sin solventar las lagunas de su articulado y sin matizar al menos las incoherencias, inconcreciones y deficiencias que traban de forma notable su aplicación en el día a día. La vicepresidenta Teresa Ribera no ha alterado ni una coma, como ya había enfatizado, en el ejercicio ministerial prepotente y fallido marca de la casa. El Gobierno ha malgastado el tiempo en amenazar y polemizar con todas las voces discrepantes que han puesto negro sobre blanco la pobreza general de la iniciativa antes que escuchar y resolver dudas y aliviar inseguridades. Más que la eficiencia para contener la factura y la demanda energéticas, o el cumplimiento de los compromisos con la Unión Europea, aquí se ha improvisado una normativa que sirve de manera desigual a los propósitos que la justifican en el mejor de los supuestos. Moncloa lo ha precipitado y, sin encomendarse al menos a las administraciones que deben aplicarlo, se ha volcado en vender el último «éxito» y en presumir de liderazgo entre nuestros socios. Que de nuevo la prioridad iba a ser la baza propagandística más que la consistencia y la virtud del decreto se ha constatado en la intensa presencia mediática de los ministros hasta jactarse de que «importantes rankings internacionales» premiaban a España como el país con el mejor plan de ahorro energético de Europa, sin que, de nuevo, como es santo y seña de la coalición socialista y comunista, se haya ofrecido detalle alguno de tan notorio «ranking», en otro claro ejemplo de cuan frívolo entienden en Moncloa el deber de la comunicación pública e institucional. Se ha incidido desde el primer minuto en el carácter arbitrario de un decretazo con sospechas de inconstitucionalidad, además de en el sello indeleble de Sánchez que supone no dialogar con la oposición bajo concepto alguno, ni siquiera cuando existe una controversia competencial en torno a medidas que tensan cuando no erosionan derechos fundamentales. Es un Gobierno reincidente que ya se saltó la Constitución en la aplicación de los estados de alarma, la clausura del Parlamento y la cogobernanza en pandemia. Además de arbitrariedad, no hay transparencia. Como sucediera en la gestión del contagio, tampoco se han hecho públicos y ni siquiera se han aportado detalles de los estudios y los informes elaborados para sostener la peculiar normativa o cuál ha sido el proceso que ha derivado en estas restricciones y prohibiciones para los españoles. ¿Por qué 27 y no 26 o 28 grados? Algo demasiado simple, pero al mismo tiempo serio y relevante. Como se ha ocultado hasta la fecha el estudio sobre el impacto económico del decreto y cómo incidirá en los diferentes sectores productivos, en los autónomos. Ignoramos incluso el procedimiento sancionador y su empleo. El decreto se cumplirá, porque nunca hubo ánimo insumiso salvo en el vocerío impostor de la izquierda contra el PP, y además los tiempos en la resolución de los recursos benefician al Gobierno. Pero la gobernanza en democracia es otra cosa a lo de Sánchez, es la certidumbre, la garantía, la ley y el respeto al ciudadano.