El problema está en la pulsión fiscal socialista

Parte de un error de concepto el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, cuando señala a las comunidades que gobierna el Partido Popular, prácticamente, como paraísos fiscales y reclama la recentralización de las políticas impositivas para acabar con la competencia desleal. Y se equivoca el ministro porque el problema no está en unos gobiernos autonómicos que tratan de aliviar la altísima fiscalidad que sufren familias y empresas, sino en la desmedida voracidad fiscal de la izquierda española, que en el caso de los socialistas cabe definir de auténtica pulsión.

De ahí que, puestos a armonizar territorialmente una parte de los impuestos, se parta indefectiblemente de una igualación al alza, aunque sea a costa de saltarse los principios políticos que informan nuestro Estado de las autonomías, que reconocen una limitada capacidad legislativa en materia fiscal a las distintas regiones, con la excepción de los territorios forales que la tienen plena. Con un problema añadido y no menor, como es abrir una vía a la recuperación por parte del gobierno central de las transferencias autonómicas, lo que acabaría por desnaturalizar nuestro modelo constitucional, que, en general, está cumpliendo con los objetivos que se marcó el legislador de articular la administración del Estado de forma más próxima, práctica y flexible.

En este sentido, no conviene dejar que las políticas desleales de los nacionalismos desdibujen lo que, sin duda, puede considerarse un éxito, como demuestra la continua convergencia de los niveles de renta entre los distintos territorios. Por otra parte, la queja sobre el dumping fiscal de Madrid, que ha llegado a ser tildada de «aspiradora de recursos» por parte de uno de los barones regionales socialista más virtuoso a la hora de cargar con dobles imposiciones a sus administrados, no es nueva y, en el fondo, parte de un hecho imposible de ocultar: que la región madrileña ha crecido más con las políticas populares, ha reducido más la desigualdad y presenta los mejores índices de calidad en los servicios sociales.

Si, ahora, Andalucía, uno de los grandes motores de la economía nacional, pero sin los «estigmas» con que se marca a Madrid, incide en un modelo de gestión fiscal que genera inversiones y empleo, es decir, más ingresos para las arca públicas, lo que deberían preguntarse los barones regionales socialistas y sus socios de las izquierdas nacionalistas es si no serán sus mala prácticas impositivas, que asfixian al tejido productivo a cambio de unas migajas, lo que hay que cambiar. Tendrán que racionalizar unas administraciones autonómicas elefantiásicas, en las que los impuestos de los ciudadanos, de todos los ciudadanos españoles, se pierden en buena parte en sostener la argamasa de sus pactos políticos. Por ahí es donde el ministro Escrivá debería empezar.