Obligada a vivir con su expareja después de que la cuidadora de su madre okupara su vivienda: “Tenía un plan”

España está intentando frenar a los okupas con nuevas leyes que aceleren el proceso de desalojo, como la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que permite que los casos de allanamiento de morada y usurpación de vivienda se juzguen a través de un procedimiento abreviado. Sin embargo, de forma paralela están haciéndose cada vez más fuertes un nuevo tipo de okupas, aunque no lo son al uso, como los inquiokupas.

Los inquiokupas son aquellos inquilinos que, tras firmar un contrato de alquiler, dejan de pagar la renta y se niegan a abandonar la propiedad. También algunos empiezan a serlo al acabar el contrato, dejando de pagar y no marchándose. Son más difíciles de controlar puesto que no es una ocupación ilegal delictiva al uso al no entrar al inmueble por la fuerza. El delito no es el mismo y la forma de juzgarlo tampoco. Además, aquellos inquiokupas vulnerables están protegidos por el Real Decreto-ley 11/2020, vigente hasta fin de año, que impide el desalojo de personas vulnerables sin alternativa habitacional.

De esta situación se aprovechan muchas personas para perpetuarse en un inmueble que no es suyo. Esto lleva a vivir una pesadilla a muchos propietarios que ven completamente afectada su vida al no poder recuperar su casa. Como desveló Canal Sur, esto le ocurrió a Jezabel, que ha tenido que volver a vivir con su expareja por culpa de una inquiokupación.

¿Por qué fue okupada su casa?

Todo comenzó con un gesto de buena voluntad. Tras la muerte de su madre, Jezabel permitió a la que fue su cuidadora durante sus últimos años de vida quedarse en el piso de Tenerife con un alquiler de 300 euros: "No quise dejarla en la calle por el buen trabajo que estaba haciendo con mi madre". Sin embargo, todo cambió hace dos años. En agosto de 2023 dejó de pagar las cuotas y ya suma casi dos años de impagos, con una deuda total que se acerca a los 10.000 euros.

Su situación actual se ha convertido en una pesadilla por esta okupación: "He tenido que irme a vivir con mi expareja porque la situación no me permite otra alternativa", lamentaba en el mencionado medio. Su calvario debería haber terminado el pasado 15 de junio, pero no fue así: "Ahora se ha suspendido el juicio y también la fecha de lanzamiento". El motivo es que la inquiokupa se ha agarrado a la vulnerabilidad, que como se explicaba al inicio, lo para todo.

Un plan elaborado para okupar

"Tenía un plan para quedarse con la casa", explica Jezabel sobre la que fuera cuidadora de su madre. El plan, centrado en la vulnerabilidad, tenía a su hijo como punto clave: "Había una estrategia por parte de ella. Se trajo a su hijo de Venezuela, ya mayor de edad, que intenta solicitar un grado de discapacidad y que actualmente cobra una paga de 700 euros". Al considerarse una persona dependiente si se certifica la discapacidad, la vulnerabilidad estaría garantizada.

Los propietarios luchan contra este decreto

La presidenta de la Asociación de propietarios de viviendas contra la inseguridad jurídica (Aprovij), Kathy, también explicó a LA RAZÓN por qué que piden tumbar el Real Decreto-ley 11/2020 cuando se cumplió cinco años desde su aprobación: "Es un decreto que lejos de ser una solución, ha sido el origen de una crisis en el mercado del alquiler. Presentado como una medida de protección, ha generado el efecto contrario: inseguridad, retirada masiva de viviendas y más dificultades para acceder a un alquiler".