Manejos penales sin apoyo ciudadano

El Gobierno puede presentar una marcada y concienzuda trayectoria de desafección hacia el sentir y la preocupación de los españoles. En sus designios no hay interés general que valga en la toma de decisiones que han gozado de notoria falta de popularidad en buena parte de los casos. Por supuesto, la propaganda ha revestido toda la acción política de un artificioso virtuosismo del autobendecido como el gobierno de la gente. El trampantojo ha sido tan ostentoso y burdo y el balance ha resultado tan escaso en ese conjunto de planes sociales que las encuestas dan lo que dan pese a los estajanovistas esfuerzos de Tezanos y el CIS. En el caso de los asuntos que han zarandeado la estabilidad de Sánchez y la coalición de gobierno en la última semana, estamos ante otro capítulo más de ese particular estilo de dirigir la cosa pública. Nadie o casi nadie en este país puede creer ni siquiera vacilar sobre el hecho de que la derogación del delito de sedición y la eliminación de facto de lo que la ciencia jurídica y el Código Penal conocen como malversación que promueve el Gobierno están fundamentados o se explican por razones de bien común o de demanda social. Tampoco la ley del solo sí es sí puede justificarse en esos términos, pues, y a las pruebas nos remitimos, la tipificación de los abusos y las agresiones sexuales se encontraba definida y desarrollada sin pero alguno en el anterior texto penal, en orden además a los estándares de los ordenamientos de las principales democracias. Y de paso también era falso que el Convenio de Estambul exigiera unificar el abuso sexual y la agresión sexual en un solo delito como se ha proclamado desde la izquierda. Que Pedro Sánchez haya decidido que el país sea más vulnerable ante las próximas intentonas que los separatistas han anunciado es una cuestión de supervivencia política de su presidencia, pero en absoluto del bienestar de los españoles ni de la concordia en el estado. Es una mera transacción política como consecuencia de una posición de fuerza de los separatistas y de la fragilidad asumida por Moncloa. Sánchez gana tiempo en el poder, mientras la democracia lo pierde y retrocede. Para el presidente será casi misión imposible que la sociedad acepte su relato. En la encuesta que publica LA RAZÓN de NC Report, el balance es tan concluyente como desfavorable para el Ejecutivo. La censura es tan mayoritaria que hasta alcanza a los propios votantes socialistas. Más de seis de cada diez sondeados rechazan los manejos de Sánchez con la sedición y la malversación, los acuerdos con los independentistas y consideran que pasarán factura electoral. Solo un 28,5% respalda la ley Montero, entre ellos apenas tres de cada diez electores del PSOE. El gobierno de la gente no solo es el que menos cuenta con la gente, sino el que desoye su voluntad. Es la razón para que en esta coyuntura tan crítica ni Sánchez ni sus socios se planteen dar voz al pueblo.