En defensa de una judicatura acosada

Como en tantos otros ámbitos de la vida pública, la España de Sánchez se ha convertido en una excepción en el común de las democracias homologables por la situación de acoso y derribo que padece la judicatura promovida y ejecutada por la izquierda en el poder. No hay un caso similar, ni siquiera en la criminalizada Polonia, incluso en la vituperada Hungría de Orban, en la que el Gobierno en pleno, sus socios y toda la poderosísima maquinaria que controlan se hayan volcado y hasta juramentado en el propósito final de socavar no ya la imagen de los miembros de otro poder del Estado, baluarte de los derechos y libertades de los ciudadanos, garante de la legalidad y de la democracia, sino también su legitimidad y por ende la autoridad y el papel en la nación. El propio presidente abundó ayer en ese mensaje como si el mandato expirado de algunos de los magistrados supusiera otra cosa distinta a que los políticos han sido incapaces de hallar un acuerdo, lo que, como sabe perfectamente, no resta ni palidece su plenitud de funciones y competencias conforme a la previsión constitucional. Asistimos en estos días al recrudecimiento de una maniobra que no responde a la improvisación o a la coyuntura específica, si bien es cierto que de manera dramática ha alcanzado cumbres intolerables en las horas pasadas. Una ministra del Reino, Ione Belarra, habló de «recrudecimiento» de la «estrategia golpista» de la derecha «político y judicial» por la posibilidad de que se suspenda de forma cautelar la reforma del Tribunal Constitucional (TC), y llamó al Gobierno del que forma parte a tomar todas las acciones para defender lo que denominó «la legalidad y el orden constitucional». Ignoramos cuáles son esas medidas de escarmiento contra los magistrados que se limitan a cumplir con un deber que incomoda al Ejecutivo porque prevé que son un obstáculo para sus planes, aunque sus referencias chavistas, peronistas, sandinistas y la más reciente del golpista Pedro Castillo hablan por sí solas. Pero la democracia real resulta así de singular, y la judicatura independiente existe para que todos nos sometamos a las reglas. Sin excepción. En España podemos presumir de jueces y magistrados competentes y profesionales, que son reconocidos fuera de nuestras fronteras. A pesar de no desarrollar su indispensable trabajo con los medios adecuados y en las condiciones más propicias, los tribunales europeos son testigos de su buen hacer y de la alta cualificación de los procesos en nuestro país que apenas sufren alguna reconvención testimonial como reflejan las estadísticas de las resoluciones de los recursos. España sí tiene un muy serio problema con la independencia judicial. Este Gobierno ha replicado al mismo con una sobredosis de politización en búsqueda de una justicia de autor contraria a la Constitución y a Europa. Los jueces merecen el respeto que se les niega. Tienen el derecho a defenderse del acoso gubernamental y el deber de velar por la legalidad ante el abuso.