Aragonès no cuenta, el problema es Sánchez

La intervención, ayer, en el Senado del presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, no tiene otra relevancia que la confirmación de lo ya sospechado, que el nacionalismo catalán, aún en horas bajas electorales, considera la amnistía como un simple punto de partida hacia el referéndum de autodeterminación. El resto del discurso, con los reiterados insultos a la democracia española, caricaturizada de opresor imperialista de los derechos de los catalanes, tomó el aire de un mitin en el que nadie, menos el orador, aguarda a recibir respuesta.

Por supuesto, la hubo, y extensamente, por parte de los once presidentes autonómicos del Partido Popular, pero no iba dirigida al representante catalán, –que nada cuenta por sí mismo, entre otras razones, porque también está a merced de las conveniencias personales del fugado Carles Puigdemont– sino a un Gobierno ausente que, por los hechos, sólo respeta las instituciones democráticas de España cuando le favorece la incierta aritmética electoral, situación que no ocurre en el Senado, la Cámara Territorial por antonomasia, despreciado ayer por Pedro Sánchez, que ni siquiera envió a la ministra en funciones de Política Territorial, Isabel Rodríguez, pese a que la sesión tocaba el núcleo medular del modelo autonómico español.

Y aquí conviene plantear alguna consideración importante, a nuestro juicio, porque la Cámara Alta fue ayer la plasmación práctica de la precariedad política del actual Ejecutivo de coalición –que se halla en una prorroga sostenida a base de la parcialidad manifiesta de la presidenta del Congreso, Francine Armengol– frente a la solidez de un Partido Popular que gobierna en once comunidades autónomas y en la inmensa mayoría de las grandes y medianas ciudades de España. Y lo que vinieron a decir los representantes políticos de una incontestable mayoría de españoles es que no van a aceptar resignadamente el trágala que pretende imponer el líder de un partido socialista menguado para colmar su mera ambición personal.

No sólo porque, como señaló la presidenta balear Marga Prohens, la amnistía no supone perdonar, supone pedir perdón a quienes delinquieron, es decir, poner en almoneda la dignidad de la Nación, sino porque no es posible contemplar pasivamente el agravio comparativo de una financiación territorial que crea ciudadanos de primera y de segunda por razón de residencia. Así, Jorge Azcón, presidente de Aragón; Carlos Mazón, presidente de la Comunidad Valenciana; Alfonso Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León; Fernando López Miras, presidente de Murcia, y Juanma Moreno, presidente de Andalucía, advirtieron de que elevarán al Tribunal Constitucional cualquier medida presupuestaria, como la condonación de la deuda con el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), que suponga agraviar a unos españoles con el dinero que pagamos todos.