Estragos educativos de las leyes socialistas

Se ha convertido en una tradición indeseada que el informe PISA, que evalúa el rendimiento académico de los alumnos de 15-16 años que están en el último año de la ESO, elaborado por la OCDE con datos de 37 países de la Organización y 44 asociados, arroje un saldo desfavorable para España. El último, referido a 2022, no ha sido una excepción, es más, ha plasmado un presente escolar con aspectos más que preocupantes de un modelo con carencias, en el mejor de los casos, y con auténticos agujeros negros, especialmente en los territorios dominados por los soberanistas excluyentes. Nuestros escolares se han quedado con los peores resultados de la historia en matemáticas y con un pobre rendimiento en lectura.

Para asimilar la envergadura de esta involución continuada, queda que los adolescentes españoles han perdido más de medio curso en las principales materias que se abordan en la reválida internacional en los últimos diez años. Es cierto que el impacto de la pandemia en las clases ha resultado determinante en todos los estados con «significativas» caídas globales y que, en ese marco de declive formativo, España ha resistido en un contexto tan excepcional con medias compartidas en la OCDE y en la UE. Entendemos, sin embargo, que constituye un pobre consuelo, propio del conformismo que ha alumbrado la reacción de las administraciones frente a todos los reveses de PISA que no han sido pocos, con todo su elenco de paños calientes.

En este escenario sombrío que recoge el informe, la valoración no puede ser uniforme por razones de justicia y equidad. Hay que ponderar como merece el balance de Castilla y León, Madrid o Galicia, con dimensión europea, y la mala evolución, pésima en algunas materias, de Cataluña, que se desploma en matemáticas y lectura, y el País Vasco, muy insuficiente en una comprensión lectora que es clave. España padece serias dificultades en formación e instrucción de sus escolares. Es un hecho, no una especulación, que no supone una sorpresa, sino que responde a una dinámica acentuada de años. La pandemia ha sido un elemento puntual que apenas es excusa.

Hay razones endógenas decisivas que señalan a la responsabilidad de la izquierda en el poder, especialmente el PSOE, y su nómina de reformas educativas a cada cual más empobrecedora y nefasta, con el cénit del despropósito que ha sido la Ley Celaá del sanchismo. Despojar a los centros de la cultura del mérito y la capacidad para reemplazarla por la ideología y el adoctrinamiento ha generado un monstruo que lastra el potencial de las nuevas generaciones. Las normas buenistas y vacuas, que alientan el mínimo esfuerzo, están privando a los alumnos de los instrumentos y las capacidades precisas en un mundo global competitivo y hostil, y de la facultad de erigirse en la masa crítica que toda democracia necesita. Algunos gobiernos autonómicos del PP han podido minimizar los estragos de las normas sanchistas. Es una brecha educativa indeseable, parte de un legado de precariedad.