Editorial

Un ministro, siempre de espaldas a su gente

No se explica que un Gobierno que ha dispuesto de los mayores ingresos fiscales de la historia moderna de España se muestre incapaz de dotar de medios adecuados a sus Fuerzas de Seguridad.

El ministro Grande-Marlaska
El ministro Grande-MarlaskaEUROPAPRESSEuropa Press

La fría reacción del Gobierno en su conjunto ante la muerte en acto de servicio de dos agentes de la Guardia Civil, arrollados intencionadamente por narcotraficantes en aguas del puerto de Barbate, sólo se explica en la íntima convicción de los miembros del Gabinete de que sus políticas de seguridad no han estado a la altura del esfuerzo y sacrificio de los hombres y mujeres que luchan en primera línea para garantizar el cumplimiento de las leyes y, fundamentalmente, la seguridad y la libertad de sus conciudadanos.

Que la viuda del guardia civil David Pérez rechazará la imposición de una condecoración por parte del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, o que la madre del otro guardia asesinado, Francisca María Gómez, trasluzca en declaraciones a LA RAZÓN su total desconfianza en la voluntad del ministro para aclarar hasta el final los trágicos acontecimientos del pasado 9 de febrero son actitudes que, más allá del dolor, reflejan un estado de opinión sustentado en la sensación de abandono y desigualdad de trato con la que viven los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, sensación que sus familias sufren en primera persona.

Lleva Grande-Marlaska cinco años y ocho meses al frente del Ministerio del Interior, tiempo que, unido al que pasó como juez, parece más que suficiente para haber atendido las demandas más urgentes de la Benemérita y la Policía Nacional, pero la imagen que traslada es la de un ministro siempre de espaldas a su gente, quizás, porque las prioridades de los gobiernos de los que ha formado parte fueran la complacencia de sus aliados nacionalistas y separatistas, poco inclinados a tratar con el debido decoro a estos defensores de la ley.

Ciertamente, no hay una explicación razonable, más allá del sentido del deber que impregna los servicios de la Guardia Civil, para el proceso de toma de decisiones que culminó en el enfrentamiento en Barbate de los guardias civiles, dotados de una «zodiac» para actividades subacuáticas, con los ocupantes de una narcolancha que cuadruplicaba en tamaño, potencia y resistencia la embarcación de la Benemérita. Pero se explica todavía menos que un Gobierno que ha dispuesto de los mayores ingresos fiscales de la historia moderna de España, amén de los fondos milmillonarios llegados de Europa, se muestre incapaz de dotar de medios adecuados a sus Fuerzas de Seguridad, mantenga una discriminación salarial y de condiciones de jubilación vergonzante y, cuando sucede la tragedia, se haga a un lado, tratando de poner sordina a lo ocurrido.

Pero no lo conseguirá, por más instrucciones veladas que dicte, porque la ciudadanía española tiene comprensión cabal de los hechos y respeta, incluso, con admiración a los hombres y mujeres que dedican su vida al servicio de la sociedad. Unos españoles que ya saben muy bien quién es Marlaska.